La Fiscalía acusa a sacerdote de Mulukukú y ya son cinco los procesados por supuestos delitos contra el Estado

La Fiscalía controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó de supuestos delitos contra el Estado al sacerdote Óscar Danilo Benavides, de la parroquia Espíritu Santo de Mulukukú, secuestrado desde hace 42 días.

Con el religioso suman cinco los sacerdotes procesados por el régimen de Ortega, más dos condenados y monseñor Rolando Álvarez continúa en prisión domiciliar. Además, dos seminaristas de Matagalpa y un camarógrafo enfrentan causas, estos últimos colaboradores de la Diócesis de Matagalpa. La dictadura suma por ahora 11 colaboradores de la Iglesia Católica encarcelados.

Aunque la acusación contra Benavides se conoció hasta este lunes, fue introducida el 08 de septiembre, 25 días después de su secuestro y radicado bajo el asunto No. 020423-ORM4-2022-PN, promovida por el fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña.    

DELITO CONTRA EL ESTADO

El padre Benavides fue sacado de su parroquia por policías armados el 14 de agosto pasado después de celebrar misa. Fue detenido sin explicación, ni rumbo. Solo hasta después se conoció que estaba en El Chipote, la cárcel política de la dictadura.

Al día siguiente, le celebraron en secreto, como todos las causas políticas que promueve la dictadura, una audiencia de Tutela de Garantías Constitucionales y ampliaron su detención a 90 días para una supuesta investigación en su contra de la que hasta ahora se desconocen avances.

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La acusación formal contra el párroco fue introducida ante la Juez Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua,  Gloria María Saavedra Corrales y rola el Estado de Nicaragua como víctima, aunque se desconocen todavía detalles de los delitos que le imputan.

PROCESOS IRREGULARES

La semana pasada, nueve días después que el papa Francisco diera a  conocer que conversaba con el régimen de Daniel Ortega, la Fiscalía acusó a otros cuatro sacerdotes y les decretó prisión.

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Además de los cuatro sacerdotes, fueron acusados dos seminaristas y un camarógrafo, todos colaboradores del obispo Rolando Álvarez.

Organismos de derechos humanos han criticado los procesos contra los sacerdotes por estar plagados de irregularidades. Abogados independientes han criticado que en ninguna causa hubo ni orden de captura, ni de allanamientos firmados por autoridad judicial. Además que el régimen, nos les permite defensa privada, ni contacto con sus familiares.