Nicaragua sale de la lista gris del GAFI, pero preocupa “aplicación incorrecta” de sus estándares en cancelación de oenegés

Nicaragua salió este viernes de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de dos años y ocho meses de su inclusión, aunque el organismo internacional expresó su preocupación por la “potencial mala aplicación” de sus estándares en la “supresión del sector no lucrativo” del país.  

Al término de una sesión plenaria de dos días celebrada en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, destacó que Nicaragua “ha dado pasos” para corregir los fallos que se habían detectado y para cumplir con el plan de acción que se le fijó en febrero de 2020. 

“Nicaragua ha abordado las deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas en las áreas que el GAFI identificó en febrero de 2020. Por lo tanto, Nicaragua ya no está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI”, destacó la organización. 

Sin embargo, “el GAFI está fuertemente preocupado por la potencial mala aplicación de los Estándares del GAFI que resulta en la supresión del sector no lucrativo de Nicaragua”. 

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En ese sentido, recomendó que Nicaragua debe continuar trabajando con el GAFILAT para mejorar aún más, incluso asegurando que su supervisión de las organizaciones sin fines de lucro se basa en el riesgo y está en línea con las Normas del GAFI.  

MÁS DE 2000 ORGANISMOS CANCELADOS 

En lo que va de 2022, la dictadura de Daniel Ortega a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personería jurídica de 2,401 organismos sin fines de lucro tanto nacionales como extranjeros. 

Esta medida ha afectado a sectores vulnerables en todo el país en materia de derechos humanos, educación, desarrollo local, agua y saneamiento, salud, entre otros.  

Las organizaciones de derechos humanos han calificado esta arremetida como una “venganza política” de la dictadura contra las organizaciones que han criticado las violaciones cometidas y la deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

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Por su parte, la dictadura las señala, sin pruebas, de haber violado la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

De hecho, en un informe enviado al Galafit había reportado como “vulnerables al financiamiento al terrorismo” a más de 1,700.