Exsecretario de la CIJ, nuevo agente de Colombia en litigio con Nicaragua 

El nuevo agente de Colombia en La Haya, ocupó el cargo de Secretario durante 16 años. Colombia y Nicaragua mantienen un diferendo limítrofe desde el 2013

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  • octubre 25, 2022
  • 06:39 AM

El abogado Eduardo Valencia-Ospina, quien durante 16 años fue secretario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue designado nuevo agente de Colombia en el litigio limítrofe en el mar Caribe que comenzó Nicaragua en 2013 ante ese tribunal, informó este martes el Gobierno.

La Cancillería detalló en un comunicado que Valencia-Ospina es "uno de los juristas en Colombia más versados en el derecho internacional y en asuntos de la Corte Internacional de Justicia".

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"El doctor Valencia-Ospina (que es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard) fue secretario adjunto y luego secretario de la CIJ durante 16 años. Miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas", agregó la información.

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Además de Valencia-Ospina, fueron nombrados como coagentes Carolina Olarte, la nueva embajadora de Colombia en Países Bajos, y la bióloga y física Elizabeth Taylor Jay, mientras que los abogados Gabriel Cifuentes y Andrés Villegas fueron designados asesor y coordinador especial, respectivamente.

Colombia y Nicaragua tienen un viejo litigio por la delimitación marítima en el Caribe y hasta ahora el país andino había estado representado ante la CIJ, con sede en La Haya, por el agente Carlos Gustavo Arrieta y por el coagente Manuel José Cepeda.

Al examinar el litigio, el 19 de noviembre de 2012 la CIJ emitió un fallo con el que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea esos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

En 2013 Nicaragua inició otra querella ante la CIJ por las supuestas violaciones a sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de Colombia, que mantiene la tesis de que "se acata pero no se aplica" el fallo de 2012.

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