El historial de la jueza María Concepción Ugarte que desertó y manejó casos de narcotráfico

La ex jueza María Concepción Ugarte Barillas nunca desobedeció una orden que llegó de El Carmen, la casa y despacho de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tomó decisiones en casos políticos y lo hizo en temas relacionados al narcotráfico y lavado de dinero, siempre siguiendo los lineamientos de quienes controlan el Poder Judicial en Nicaragua.

Como operadora del régimen en los tribunales de justicia ordenó allanamientos ilegales a organizaciones civiles y torció leyes para favorecer “a peces gordos” del crimen organizado de interés para la dictadura y sus dirigentes.

Para citar un caso, el 12 de agosto de 2020, la entonces jueza orteguista María Concepción Ugarte Barillas, titular del Juzgado Sexto de Ejecución de Sentencia de Managua, coludida con el Ministerio Público, ordenó expulsar del país al reo Hugo Mauricio Jaen Figueroa, el segundo al mando en la organización narco, dirigida en Nicaragua por Henry Fariñas, exadministrador del famoso night club Élite que en Guatemala y Nicaragua funcionaron como una fachada para el narcotráfico y el lavado de dinero.   

La decisión de la jueza libró al personaje nicaragüense-estadounidense de una condena en primera instancia de 30 años de prisión, a la que sí fue sentenciado Fariñas, cuando la estructura delictiva quedó al descubierto.

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A la jueza no le importó que el detenido no cumpliera con las condiciones de ley para casos de expulsión: habría que ser extranjero y él no era del todo extranjero por contar con cédula nicaragüense y su condena debía ser menor a cinco años. Y Jaen Figueroa debía pasar 18 años en prisión después que apelaron la de 30. La jueza Ugarte no solo lo dejó en libertad sino que lo envió a Estados Unidos.   

UNA JUEZA DE MUCHA CONFIANZA

Quienes en el Poder Judicial conocen a la exjueza María Concepción Ugarte Barillas no pueden creer que haya huido a Estados Unidos y menos con “un legajo de pruebas”, a como dicen, que compromete más al régimen de Ortega.

“La parte política no es tanto, como lo que sabe del tratamiento a narcos”, dice una fuente judicial. Y es eso último quizás, lo que hace interesante la salida de una jueza de la dictadura Ortega-Murillo que venía de recorrer un largo camino en el Poder Judicial y, por supuesto, como militante del partido Frente Sandinista.

María Concepción Ugarte Barillas es abogada, ingresó al Poder Judicial en 1997 como asistente de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Ahí se fue ganando el aprecio de quienes le vieron potencial para escalar hasta alguna judicatura, después de varios trabajos de oficina.    

Al año siguiente, en 1998, los magistrados la nombraron Oficial de Planificación y tras año y medio de entrenamiento, logró especializarse en lo que en ese poder del Estado llaman simplificadora de trámites.

COMO JUEZA

Los trabajos de corta duración no terminarían para la exjueza. A comienzos del año 2000 la nombraron asesora de la Inspectoría Judicial de la Corte Suprema, un cargo que desempeñó hasta 2003 que fue nombrada jueza de Audiencia en lo penal.

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Cinco años después, en 2008, pasó a hacerse cargo del Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua. Según su expediente, en 2012 fue nombrada jueza de juicio y seguidamente dos años más tarde, en noviembre de 2014, la nombran Jueza de Familia en el Juzgado Noveno de Distrito de Familia de Managua.

El acta de nombramiento destaca los méritos que había hecho la exjueza para ser considerada en el cargo. “La doctora Ugarte asume la responsabilidad que le designó el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, en respuesta a las necesidades de la población y para facilitar el acceso a la justicia para una efectiva tutela judicial”, se lee en el documento que la Corte Suprema hizo público en diciembre de ese año.  

Antes de su salida de Nicaragua por puntos ciegos, María Concepción Ugarte Barillas ocupaba el cargo de titular del Juzgado Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria.

“Sabemos que su situación es complicada. Por un lado, huye del régimen y por el otro, hay quienes no le perdonan sus acciones en favor del régimen. Lo que sí es un hecho es que su familia está bajo terror en estos momentos”, dice a DESPACHO 505, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas.

INGRATO RECUERDO

La Defensoría Nicaraguense de Derechos Humanos desde el Exilio, que dirige Pablo Cuevas en Estados Unidos, asesora a la exjueza y a sus familiares en su búsqueda de protegerse del régimen que un día defendió.

 “Les hemos explicado que no es fácil, que debe sincerarse ante las autoridades de este país sobre las razones que la llevaron a huir y ahora apoyar lo que todo hemos demandado a la dictadura, que es el retorno a la democracia y el restablecimiento de los derechos humanos”, dice el abogado.

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La exjueza lleva a cuestas los primeros ataques que el régimen ordenó contra los organismos de la sociedad civil. En 2008, ordenó allanamientos de organizaciones como el Centro de Investigación para la Comunicación (Cinco); el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); la Coordinadora Civil; el Grupo de Mujeres Venancia, entre otros.

La exjueza salió de Nicaragua dos semanas después de conocerse una fuerte crisis en el Poder Judicial que significó la destitución de tres funcionarios, la renuncia obligada de una magistrada y el encarcelamiento del vocero de la institución.