Este es el relato de la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra ocho funcionarios de la dictadura de Nicaragua 

La segunda denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada en un juzgado de Buenos Aires, Argentina, contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros siete funcionarios de la dictadura de Nicaragua detalla cómo planificaron, dirigieron y ejecutaron el ataque generalizado contra la población civil que salió a manifestarse en abril de 2018.

La demanda es impulsada por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh). Los otros señalados son el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; el comisionado Ramón Avellán; y los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.

También al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Alba Luz Ramos.

Según la acusación, en el contexto de las protestas “la Policía Nacional y grupos parapoliciales ejercieron un uso excesivo de la fuerza letal”.

Cuando Rosario Murillo vio que las protestas se extendieron a todo el país, aproximadamente el 20 de abril dio la orden de “vamos con todo”, contra los manifestantes civiles. El mandato lo habría dado durante una reunión de autoridades políticas del Frente Sandinista en Managua.

“Lo que significaba que la militancia de ese partido, bajo la dirección del señor Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, coordinó la utilización de la Juventud Sandinista y de diversas personas adeptas a ese partido para reprimir violentamente las manifestaciones entre abril y septiembre de 2018, sobre todo en la ciudad de Managua”, detalla el texto al que accedió DESPACHO 505.

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La denuncia fue presentada por Danny Ramírez Ayérdis, un ciudadano nicaragüense residente en Argentina, coordinador del Programa de Litigio Internacional del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), con el apoyo del doctor Jorge Alejandro Mamani.

EL DISCURSO DE ODIO DE ORTEGA PARA NEGAR LA REPRESIÓN

El dictador Daniel Ortega como parte de su estrategia para negar la participación de sus estructuras estatales en la “perpetración de los crímenes de lesa humanidad”, alienta el discurso de odio contra los sectores opositores y en general contra cualquier persona que no milite en el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La denuncia recoge la entrevista que dio Ortega a un medio internacional cuando aceptó la existencia de paramilitares a los que llamó “policías voluntarios”, lo que evidenció, según el organismo que “el máximo jefe de las fuerzas policiales nicaragüenses está enterado de las formas de actuación y los crímenes cometidos por los llamados ‘paramilitares’”.

Calidh señala que el patrón de censura y castigo gubernamental que da continuidad a los crímenes de lesa humanidad iniciados en 2018, se expresa también en la aprobación de leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos, la de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz las cuales tienen como objetivo silenciar las voces críticas.

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También hace referencia a los más de 200 presos políticos que hay actualmente sometidos a procesos por delitos como "menoscabo a la integridad nacional" o "propagación de noticias falsas", aprobados con la finalidad de encarcelar al amplio espectro de la oposición política, civil y religiosa nicaragüense.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑALADOS

Junto a la pareja presidencial también fue denunciado Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para asuntos de seguridad y el presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Moncada Lau está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y el Reino Unido por actos de corrupción y su participación en la represión contra la población nicaragüense.

Según Calidh, Moncada Lau al ver que las fuerzas policiales y de choque eran superadas, ideó, planificó y perpetró junto a otros jerarcas del partido, incluido Gustavo Porras, los ataques con fuerza letal desproporcionada para reprimir las protestas que dejaron más de 355 muertos, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hay diversas evidencias de todo tipo que policías y francotiradores, al mando del señor Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, ejecutaron extrajudicialmente a personas en diversas circunstancias, especialmente en las protestas masivas y otras formas de resistencia pacífica”, expone la denuncia.

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Al comisionado general Ramón Avellán lo señalan como el responsable de poner en marcha la llamada “operación limpieza”, una operación de tipo “tierra arrasada” y que, entre junio y julio de 2018, se dedicaron a levantar por la fuerza las barricadas que estaban colocadas en departamentos como Masaya, Managua, Granada y Carazo. “Como parte de esa operación, fueron ejecutados extrajudicialmente más de cien personas”.

Sobre la exministra de Salud y actual asesora presidencial Sonia Castro, destacan que dio la orden de negar la atención a las personas que resultaron heridas por la Policía y los parapolicías en las protestas. Esta situación fue documentada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Recuerdan el caso de Álvaro Conrado, quien fue herido en el cuello cuando entregaba agua a los manifestantes y murió en la entrada de un hospital producto de la negación de la atención.

EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES Y UN PODER JUDICIAL SUBORDINADO A ORTEGA

En el caso de Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), le achacan la expulsión de más de 80 universitarios que participaron en las manifestaciones, a quienes les borraron sus registros académicos sin un proceso disciplinario previo.

Esta denuncia alcanza también al Poder Judicial y la magistrada presidente Alba Luz Ramos Vanegas, como máximo órgano jurisdiccional del Estado: "ha sido la ejecutora de juicios desprovistos" de la mayoría de las garantías judiciales establecidas en la legislación nicaragüense.

“Todos estos funcionarios utilizaron las estructuras estatales y autoridades, simpatizantes y estructuras territoriales del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional -actualmente en el poder- para cometer el ilícito delitos de lesa humanidad en el territorio de la República de Nicaragua, ilícito sancionado por el artículo 7 del Estatuto de Roma, por aplicación de los artículos 2 y 5 de la Ley 26.200, sobre la base del Principio de Jurisdicción Universal que se desprende del artículo 118 de la Constitución Nacional y del Derecho Internacional consuetudinario”, concluye la denuncia.