Organismos de derechos humanos critican las condiciones del arresto domiciliar de la dictadura: "Trasladan el centro de tortura a la casa"

El dictador Daniel Ortega “ordenó trasladar el centro de tortura penitencial a las casas de los presos políticos”, así resume el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, las condiciones en las que viven los reos de conciencia bajo el régimen de prisión domiciliar.

Las criticas surgen al conocerse que los presos políticos que han sido enviados a sus casas tras condenas arbitrarias, viven sujetos a reglas rígidas.       

Esta semana, trascendió que policías de la dictadura han llegado a los domicilios y los han requisado en busca de teléfonos celulares, libros que leen y la verificación que se mantengan encerrados en sus cuartos y sin acceso a ninguna televisión.

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“Un teléfono en la casa, leer un libro y salir de cuarto donde te han recluido es una violación a las normas que ellos (la dictadura) han establecido. El preso político debe estar totalmente desconectado de la realidad”, confía un familiar.

¿QUIEN IMPONE LAS REGLAS?  

Otras de las restricciones dictadas por los agentes del régimen establecen que las visitas están prohibidas y si llegaran a ser necesarias, solo las que el carcelero autorice.

Esta semana, a los presos políticos el excanciller Francisco Xavier Aguirre Sacasa y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, les suspendieron su condición de prisión domiciliaria y fueron regresados a celdas de El Chipote. Ambos fueron encarcelados de nuevo, tras requisas policiales a sus domicilios y bajo el argumento que “quebrantaron las restricciones”.

El pasado 9 de noviembre fue el ex presidente del Cosep, José Adán Aguerri y este viernes, se conoció del traslado de Aguirre Sacasa. “No estamos claros si la suspensión la ha ejecutado una judicial de Vigilancia Penitenciaria, que no vemos sea el caso, pero los familiares debieron ser informados debidamente”, dice Carrión que en el exilio, dirige la organización defensora Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+.

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“Si la medida no la suspende un juez, es ilegal llevarse al reo, es contra derecho”, señala un penalista que por temor a la persecución política pide comentar el caso bajo identidad reservada. Hasta la fecha, ni un juez, ni la misma Policía de la dictadura, ha explicado qué motivó la suspensión de la medida carcelaria de ambos presos políticos.

TORTURA EN CASA

A criterio de Carrión, la forma en que la dictadura Ortega-Murillo obliga a los presos políticos a vivir en sus domicilio es cruel. “Es el centro de tortura penitencial trasladado a sus casas, lo único que parece faltar es que les exijan a la familia que el cuarto donde estará recluido, sea de las medidas 2x2. Es un abuso”, critica el defensor de derechos humanos.

Le recordó a la dictadura que estos presos cumplen con una condición de edad y de salud que su familia procurará en la “estancia de sus viviendas”. “Si están encerrados, si están restringidos, si no pueden disfrutar de su casa y su familia, no estás aportando a que mejore su condición. Es gente enferma, gente que no cometió delitos comunes, son de conciencia”, señaló Carrión.

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El abogado y activista, dijo además que el régimen debe ajustarse a las leyes y no retorcerla como lo hace cuando quiere. “El régimen especial es custodiado por un juez, no por un jefe policial que obedece órdenes de un dictador”, afirmó.