La ONU reitera que las elecciones municipales no fueron libres, justas ni transparentes

El resultado electoral confirma la tendencia vista desde las elecciones de 2012, en que se inició un control progresivo de las administraciones locales.

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  • noviembre 17, 2022
  • 08:45 AM

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) señaló este jueves que las elecciones municipales del pasado 6 de noviembre en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes” y carecieron de legitimidad democrática.

En un nuevo informe sobre el monitoreo a la crisis de Nicaragua, la ONU destaca que la votación se desarrolló en un ambiente marcado por el abstencionismo. Desde que Daniel Ortega regresó al poder hace más de 14 años, el partido de gobierno Frente Sandinista poco a poco ha tomado control de todas las alcaldías. En las municipales de 2008 se hizo con el control de 109; en el 2012 lo incrementó a 127; en el 2017 a 135 y en las de este año se adjudicó las 153 municipalidades.

“El resultado electoral confirma la tendencia vista desde las elecciones de 2012, en que se inició un control progresivo de las administraciones locales que se ha consolidado en estos comicios con el control total de las 153 alcaldías”, detalla el reporte de la ONU.

La OACNUDH expone que las elecciones municipales en Nicaragua se realizaron en un contexto de restricción de los derechos civiles y políticos como cancelación de personalidades jurídicas de organismos sin fines de lucro y cierre de medios de comunicación, la reducción en el número de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la percepción de la ciudadanía de que los partidos participantes son colaboracionistas.

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En los últimos tres años el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado al menos 3 partidos políticos y mantiene en prisión a siete aspirantes presidenciales.

"Las tres dimensiones principales de los derechos políticos, protegidos por las normas y estándares internacionales, (…) participar en la dirección de asuntos públicos, votar, y ser elegido, se han visto comprometidas por los hechos expuestos”, detalla el informe.

DETENCIONES EN EL PERIODO ELECTORAL

En el contexto de los comicios municipales se reportaron al menos 31 detenciones arbitrarias de opositores entre el 1 y el 8 de noviembre. De esta cantidad 16 las realizaron las fuerzas policiales el 5 de noviembre, un día antes de las votaciones. Cuatro personas fueron apresadas el mismo día de los comicios.

Trece de los 31 detenidos siguen privados de la libertad y el mayor número de presos son originarios de Carazo (10), seguido de Río San Juan.

“Varias de las detenciones se habrían caracterizado por el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y se dirigieron a personas militantes de partidos políticos, colectivos estudiantiles, organizaciones de sociedad civil y familiares de otras personas detenidas en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua”, expone la ONU.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES

Entre las irregularidades que señala el organismo está la falta de observadores electorales que fueron sustituidos por el de “acompañantes electorales”, carentes de independencia, ya que quienes participaron fueron el Consejo Nacional de Universidades (CNU), Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

También denunció el uso de bienes del Estado para el traslado de votantes sobre todo en las zonas rurales y en los municipios donde tradicionalmente ganaba la oposición. Señalan también la coacción para que los funcionarios públicos y sus familiares fueran a votar y lo reportaran por medio de una fotografía con su dedo manchado.

“Se incrementó la presión en territorios tradicionalmente opositores, con presencia intimidatoria de fuerzas policiales en las inmediaciones de los domicilios de personas opositoras para impedir que acudieran a los centros de votación en al menos 13 municipios”, detalla el informe.

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El reporte también recoge la denuncia de las bases del partido indígena Yatama, quienes reclaman que ganaron en el municipio de Waspam en la Costa Caribe Norte. A raíz de la denuncia, se reportaron incidentes en el municipio y en Bilwi, con acoso y represión policial, detenciones, requisas y retenes.

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