Presos políticos declarados culpables en Carazo

Tres presos políticos de Carazo, señalados de utilizar las redes sociales para divulgar supuestamente noticias falsas y promover el abstencionismo en las pasadas elecciones municipales de noviembre, fueron  declarados culpables este miércoles por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

La Fiscalía presentó como testigos a tres policías, que al momento de brindar sus declaraciones no presentaron pruebas de los supuestos delitos que imputaron a los condenados.

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Los tres presos políticos son: Allan Sebastián Bermúdez, de 53 años; Karla Patricia Vega Canales, de 44; y Sandra Acevedo Díaz, de 56, se declararon inocentes antes de que el juez Primero de Distrito Penal de Juicio de Carazo, José Cortez Domínguez,  dictara el fallo de culpabilidad.

Para Bermúdez, la fiscal Keyli Gómez Cuadra, pidió 10 años de cárcel, 5 por cada delito y una sanción económica de 809 días multas.

En el caso de Sandra y Karla Patricia, la fiscal solicitó cinco años de cárcel por cometer menoscabo a la integridad nacional y tres por propagación de noticias falsas, más una multa de 500 días.

El judicial dará a conocer la sentencia el martes 7 de febrero, según consta al final del acta de juicio, que concluyó a las 7:05 de la noche.

POLICÍA SON TESTIGOS

El primer testigo que llamó a declarar la fiscal fue al suboficial de Jinotepe, Leonel Agustín Quintero, quien presentó la denuncia contra los tres caraceños el 8 de noviembre.

En su testimonio, dijo que por información de un oficial que les daba seguimiento, conoció que los tres acusados habían estado realizando actos que menoscaban la soberanía del país e incitaban a la injerencia extranjera y que se organizaban en grupos con financiamiento extranjero para cometer actos de terrorismo.

Agregó que para cometer esas acciones utilizaban las tecnologías de la información, para realizar reuniones internacionales, a través de la aplicación de Zoom.

Para sustentar su versión, la fiscal llamó a declarar al segundo oficial, José García Hernández, quien llegó a decir que el era quien le daba seguimiento a los acusados desde marzo del 2022.

Según la Fiscalía, se enteró por fuentes secretas que los presos políticos se habían dedicado a manipular información pública relacionada a las pasadas elecciones municipales, para promover zozobra y afectar dichos sufragios.

Aunque a Karla Patricia y a Sandra no les ocuparon los teléfonos, la Fiscalía dijo que utilizaban las tecnologías de la comunicación y dispositivos como Tablet y celulares para interactuar con personas  extranjeras y nacionales, a través de WhatsApp intercambiar información con grupos denominados "Unidad Nicaragüense",  "De Martes a Júpiter" y "Salvando las Abejas".

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En los grupos supuestamente "brindaban información para que la población entrará en miedo y no fueran a votar en las elecciones", afirmó el oficial.

A la vez manifestó que manipulaban la información relacionada al proceso electoral a través de Facebook y que en los grupos habían personas que opinaban en contra del gobierno.

SIN PRUEBAS

El oficial únicamente aprovechaba la oportunidad para hacer serios señalamientos a los acusados, sin presentar pruebas, aseguró que a través de publicaciones incitaban a las personas a apoderarse de las alcaldías y los centros de votación.

El tercer testigo fue el Inspector Francisco Antonio Gutiérrez, de Auxilio judicial de Managua, quien a pesar de haber realizado la extracción de la información que se realizó al celular de Bermúdez, llegó a presentar el informe.

Carlos Sebastián Lara, cónyuge de Sandra y ex secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN durante 5 años, negó que su esposa haya publicado contenido contra el régimen de Ortega-Murillo.

Una hija de Karla Patricia, también afirmó en el juicio que su mamá ni siquiera conocía a Allan Sebastián Bermúdez y a Sandra. Explicó que su mamá tampoco han compartido noticias falsas.

Karla Patricia fue detenida a las 5 de la mañana del 5 de noviembre en su casa ubicada en el municipio de El Rosario, Carazo. Mientras que Sandra y Bermúdez fue detenidos el 4 de noviembre en el municipio de Diriamba.