La PGR cita a las personas a cargo de propiedades confiscadas a opositores desnacionalizados

La Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR) giró este 1 de marzo una citatoria pública a las personas que se encuentran en las propiedades de los 317 nicaragüenses a los que la dictadura declaró culpables de delitos considerados "traición a la patria" y ordenó confiscar sus bienes y quitarles la nacionalidad.

El llamado está dirigido a los familiares, inquilinos, representantes legales o cualquier persona vinculada a los afectados que tenga a cargo los bienes que la dictadura mandó a inventariar como propiedad estatal.

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"Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua, su estatus ocupacional", dice la nota de la PGR sin ofrecer más detalles.

La medida que la PGR cita al amparo de la Ley de Soberanía, Ley 1055, y el Código Penal de la República de Nicaragua, indica que "las personas naturales o jurídicas que se encuentren en uso y goce de dichos bienes" -arriendo, usufructo u otros-, deben hacer un "arreglo" con la institución que actúa en representación del Estado de Nicaragua.

La PGR remarca que las resoluciones judiciales que despojan de sus bienes a los 317 ciudadanos "son de ineludible cumplimiento" por lo que quienes se encuentran ocupando los inmuebles confiscados están obligaos a "formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional", reitera.

TOMA DE BIENES

La PGR no ha hecho público el inventario de los bienes confiscados bajo la figura de "traición a la patria", entre inmuebles, cuentas bancarias, pensiones y otras pertenencias.

No obstante, desde el pasado 16 de febrero la Policía orteguista se conoció la ocupación y cateo de las residencias de la periodista Sofía Montenegro y de la abogada Azahálea Solís, en reparto San Juan. Además, trascendió que la RGR confiscó 16 apartamentos ubicados en el complejo habitacional “Amazonia”.

La dictadura ha despojado de su nacionalidad y todos sus bienes y derechos a 317 nicaragüenses, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.

Los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, el excomandante Luis Carrión y otros antiguos compañeros de armas de Ortega, entre otros, figuran en la lista de nicaragüenses confiscados bajo la declaratoria de apátridas.