EE.UU. no avizora la salida del régimen y ve “incapacidad” de los nicaragüenses de lograr un cambio por la vía democrática

En un contexto de represión generalizada y la consolidación de un sistema autoritario dominado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, Estados Unidos no avizora la salida del régimen en Nicaragua, según un informe del Departamento de Estado.  

Actualmente, hay una “incapacidad de los ciudadanos para cambiar pacíficamente de gobierno mediante elecciones libres y justas” debido a las restricciones graves e irrazonables a la participación política.   

“Nicaragua tiene un sistema político muy centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país”, señala el informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2022 en Nicaragua del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado este lunes. 

Estados Unidos recuerda que Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021 tras encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición, impedir la participación de todos los partidos políticos de la oposición creíbles, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y “cometer un fraude electoral generalizado”.

El Frente Sandinista, además, consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre del año pasado “en las que la mayoría de los votantes decidieron no participar”, al adjudicarse las 153 alcaldías del país.

GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan dirigiendo ejecuciones ilegales y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra sus opositores, que son llevadas a cabo por funcionarios de prisiones o parapolicías, detalla el informe.

Según el Departamento de Estado, en el 2022  las autoridades civiles también mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales, militares y parapoliciales. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos.

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Entre las principales violaciones de derechos humanos también destacan los arrestos y detenciones arbitrarios; la persistencia de presos políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país; graves problemas con la independencia del Poder Judicial; injerencias arbitrarias e ilegales en la intimidad de las familias nicaragüenses; castigos a familiares por presuntas ofensas de un pariente; graves restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia contra periodistas, detenciones injustificadas de periodistas y censura. 

Asimismo, se siguen ejecutando injerencias sustanciales en los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; graves restricciones a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país.

Los parapolicías y otros funcionarios llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra supuestos enemigos del régimen, clérigos y grupos afiliados a la Iglesia.

En este contexto de represión se han exacerbado otras formas de violencia como feminicidio y delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; trata de personas; violencia o amenazas contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil.

IMPUNIDAD GENERALIZADA 

Todos estos abusos se cometen a falta de investigación y rendición de cuentas. Estados Unidos critica que el régimen no tomó medidas para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 homicidios y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocrático de 2018. 

“El gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente Ortega reforzó la impunidad de los autores de abusos contra los derechos humanos que le eran leales”, advirtió. 

Los Informes de países sobre prácticas de derechos humanos han servido como un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto por los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia. 

Cada informe de país habla por sí mismo, describiendo informes de prácticas en el año calendario 2022 a la luz del derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos.