El régimen destierra a Estados Unidos a la doctora Anely Pérez Molina

La doctora Anely Pérez Molina fue desterrada a Estados Unidos este sábado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, confirman fuentes de la oposición. La medida fue tomada luego de que la Fiscalía tramitara una acusación en la que ni siquiera especificó el delito en el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la juez Gloria Saavedra.

Pérez Molina, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, fue secuestrada la noche de este jueves por la Policía Orteguista, y según información preliminar, ya se encuentra en el aeropuerto de la ciudad de Miami a donde fue enviada junto a su esposo y sus hijos sin ninguna pertenencia.

"En medio de la injusticia, alivia saber que está fuera de una celda", celebró el líder estudiantil Lesther Alemán, uno de los 222 presos políticos a los que la dictadura envió a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.

Alemán señaló que Pérez y su familia se encuentra en la terminal aérea “donde esperamos que las autoridades de migración comprendan la anormalidad que se vive en Nicaragua y se les facilite su ingreso. ¡Es un destierro injusto!”.

OBJETIVO DE LA DICTADURA

La dermatóloga, de 47 años, se convirtió en objetivo de la dictadura por su participación activa en la denuncia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en su calidad de secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense.

Tanto la agrupación como la doctora Pérez Molina fueron muy activos en los esfuerzos por orientar a la población durante la pandemia del Covid-19, así como en la denuncia de las negligencias del régimen Ortega Murillo en el manejo de la crisis sanitaria.

Pérez Molina es hija del guerrillero sandinista que luchó contra la dictadura somocista, Cristian Pérez Leiva, quien murió asesinado por la Guardia Nacional el 12 de mayo de 1979, en lo que se llamó la Masacre de Xiloá.

EL DESTIERRO COMO MÉTODO DE REPRESIÓN

El destierro y el despojo de la nacionalidad es la nueva modalidad que implementa el régimen Ortega-Murillo contra las voces disidentes. El pasado 9 de febrero excarceló y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos en un operativo sin precedentes ante el que la comunidad internacional ha reaccionado con expresiones de alarma y condena.

Días después, el 15 de febrero, la dictadura despojó de la nacionalidad a 94 ciudadanos bajo la figura de traición a la patria, a los que declaró prófugos de la justicia y ordenó confiscar todos sus bienes.

Según organismos de derechos humanos, en Nicaragua todavía queda una treintena de presos políticos, entre ellos el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien la dictadura ha confinado en una celda de castigo del penal de máxima seguridad del país en represalia por rechazar el destierro como opción de libertad.