La dictadura confisca el monasterio de las Hermanas Trapenses para convertirlo en oficinas del INTA

La dictadura de Daniel Ortega confiscó el monasterio donde estaban asentadas las Hermanas Trapenses, en el municipio de San Pedro de Lóvago, Chontales. El edificio será usado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En una publicación que divulgaron las monjas en las redes sociales este martes, indican que dejaron el convento-monasterio y los bienes e inmuebles a la Diócesis de Chontales, mientras tramitaban ante el Ministerio de Gobernación (Migob) el cierre voluntario de la asociación.

“El 1 de marzo se presentó ante Migob la escritura de cierre voluntario y el 3 de marzo se presentaron las autoridades de Gobierno para informar, verbalmente, a nuestro obispo, que ya no podían ir al monasterio y que allí funcionaría el INTA”, señala la información.

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Las monjas abandonaron el país de forma “voluntaria” el pasado 24 de febrero, un día después se trasladaron a Panamá.

«Nosotras, las Hermanas Trapenses de Nicaragua, hemos dejado voluntariamente el país por motivos de la Orden, falta de vocaciones, ancianidad de varias hermanas», aseguraron a través de un mensaje divulgado en sus redes sociales.

DOS GRUPOS DE RELIGIOSAS HAN ABANDONADO EL PAÍS

Las monjas trapenses pertenecen a la Orden Monástica Católica OCSO, por su nombre en latín (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae), bajo la regla de San Benito, y tenían el monasterio Santa María de la Paz, en el municipio de San Pedro de Lóvago, departamento de Chontales.

Desde Hinojo, Argentina, las Hermanas Trapenses llegaron a Nicaragua el 20 de enero de 2001. Las monjas trapenses es el segundo grupo de religiosas que dejan el país en el contexto de la represión del régimen contra organizaciones religiosas y de la Iglesia católica.

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Las primeras fueron 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que dejaron Nicaragua en julio del año pasado después de que la Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura, les cancelara su personalidad jurídica.

En un reciente informe que presentó la Fundación del Río, se detalla que desde 2018,el régimen ha ordenado el cierre de 3,364 oenegés en Nicaragua. Esa decisión política ha dejado 23,483 desempleados, pérdidas de al menos 255 millones de dólares en proyectos y 3.4 millones de nicaragüenses en condición de vulnerabilidad.