Rosario Murillo anuncia que el 19 de abril será declarado “Día Nacional de la Paz” 

El 19 de abril, fecha en que se conmemora el inicio de la Rebelión de Abril de 2018 contra la dictadura, será declarado como “Día Nacional de la Paz” en Nicaragua, anunció este jueves la vicepresidenta Rosario Murillo.  

“En este mes de abril que hemos decretado como mes de la paz, nos comunicaba el Dr. Gustavo Porras que en los próximos días sesionará la Asamblea Nacional para hacer formal declaratoria del 19 de abril como Día Nacional de la Paz”, declaró la vocera del régimen a través de medios oficialistas. 

La iniciativa fue anunciada por Rosario Murillo aun cuando no ha sido publicada en la página web de la Asamblea Nacional, por lo que no está claro aún si será declarado o no feriado nacional.  

Sobre la propuesta, la sancionada funcionaria señalada de dirigir la represión contra la ciudadanía desde abril de 2018, dijo que es presentada “conscientes que la paz en esta patria es esencial para la vida”.  

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“Por eso, nos declaramos defensores, guardianes de la paz. Todos llenando nuestro corazón de concordia, de luz, de justicia, de verdad, porque la paz es esencia de la justicia”, aseguró.  

IMPERA IMPUNIDAD EN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión del régimen a las protestas ciudadanas en el 2018 dejó al menos 355 personas asesinadas y todas estas muertes siguen impunes.  

La CIDH ha alertado que el régimen de Daniel Ortega sigue utilizando la privación de la libertad como estrategia de impedimento de las libertades públicas y silenciamiento de las voces disidentes.  

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Además, recientemente ha instaurado el destierro y la pérdida de nacionalidad como política represiva contra las personas opositoras.

Tras un año de investigación, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU concluyó que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.

El informe del grupo ofrece una visión general de los hallazgos con respecto a las graves violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país.  

Las violaciones y abusos no son un fenómeno aislado, explican los expertos, sino producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas.  

Según el informe, hay motivos razonables para creer que “funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles participaron en conductas violatorias de los derechos humanos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, deportación forzosa, y persecución por motivos políticos”.