Once expresidentes dispuestos a colaborar para que Ortega rinda cuentas a la Justicia Internacional

El Grupo Libertad y Democracia integrado por once expresidentes expresaron su disposición a colaborar para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sea llevado a la Corte Internacional de Justicia ante “el quiebre democrático” de Nicaragua y las reiteradas violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.

En el documento, que se ha hecho público en el contexto del quinto aniversario de la conmemoración de protestas de abril del 2018, los expresidentes señalan que la situación de Nicaragua requiere en “forma urgente una reflexión creativa” de parte de los gobiernos que están comprometidos con el estado de derecho, la democracia y la justicia.

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Los exmandatarios llaman a los gobiernos de América Latina a tomar acciones orientados a facilitar la “operación de la justicia internacional” y ofrecen su coorperación. “Nuestro compromiso para colaborar en nuevos mecanismos que permitan responsabilizar internacionalmente a Nicaragua por sus acciones, incluyendo demandas ante cortes a tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia por violaciones flagrantes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contra la Tortura”, expresan.

La carta la firman los expresidentes de Colombia, Iván Duque y Andrés Pastrana, así como Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera de Chile; Felipe Calderón de México; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Mariano Rajoy expresidente de España entre otros.

SANCIONES NO DETIENEN LA CRUELDAD DE ORTEGA

Los exmandatarios expresan su preocupación por el "quiebre democrático" en Nicaragua, y por las sistemáticas y progresivas violaciones a la libertad de las personas, en particular contra los derechos de religión y opinión que se han visto reducidos como parte de la persecución desatada contra la Iglesia católica que incluye la orden de templos por cárcel para los santos, la expulsión de religiosos , el exilio forzado de sacerdoste, virulentas campañas y discursos de odio y, lo más grave, la condena a má de 26 años de cárcel contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.

Los firmantes, recordaron que el pasado 9 de febrero la dictadura desterró y declaró apátridas a 222 presos políticos. Días después aplicó el despojo de nacionalidad a otros 94 ciudadanos a los que, además, les confiscó sus bienes en Nicaragua, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

“Varios Estados de la región han denunciado, individualmente y ante la OEA, las ofensas de Nicaragua contra la democracia y el Estado de derecho, incluidas las detenciones arbitrarias y el trato inhumano a los presos políticos”, indicaron.

También se mostraron convencidos que las acciones que ha tomado la comunidad internacional incluyendo las “duras sanciones por algunos Estados, no han sido suficientes para que el gobierno de Daniel Ortega cambie sus prácticas abusivas”.

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URGEN ACCIONES EFECTIVAS

Asimismo, proponen a los gobiernos de la región nuevos mecanismos dentro del marco del derecho internacional para responsabilizar al régimen por las violaciones a los derechos humanos, la detención arbitraria y tortura de sus presos políticos.

“Los presos políticos encarcelados en Nicaragua han sido maltratados física y mentalmente, sometidos a torturas y otrostratos crueles, inhumanos y degradantes. Una práctica que continúa hasta el día de hoy”, declararon los expresidentes.

El Grupo Libertad y Democracia lo encabeza el expresidente chileno Sebastián Piñera y lo lanzaron en marzo de este año y está conformado por jefes y ex jefes de Estado y de Gobiernos Iberoamericanos, líderes políticos, líderes ciudadanos, académicos y sociales. Tienen como objetivo analizar, dialogar, coordinar y actuar para fortalecer la libertad y la democracia en los países iberoamericanos.