Calpi denuncia que indígenas condenados son sometidos a torturas a pesar de que cuentan con medidas cautelares de la CIDH

El Centro de Asistencia Legal a Pueblo Indígenas (Calpi), denunció este sábado que cuatro indígenas Mayangnas, “están siendo torturados en la cárcel” del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como La Modelo, donde fueron recluidos tras ser condenados a cadena perpetua por ser los supuestos autores de la masacre en el cerro Kiwakumbaih, en agosto del 2021.

“Permanecen encadenados día y noche. Su comunidad los espera, necesitamos que sean liberados”, demandó el organismo el cual brinda asistencia legal a los pueblos indígenas y afrodescendientes

Calpi señala que los comunitarios tienen las muñecas y tobillos inflamados producto que permanecen encadenados y que las llagas se les han infectado.

“Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Dionisio Robins Zacarias y Donald Andrés Bruno Arcángel, son defensores del territorio indígena Mayangna Sauni As, en la Costa Caribe de Nicaragua y han sido condenados arbitrariamente a cadena perpetua”, señala el organismo.

El 13 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a los cuatro comunitarios ya que considera que se encuentran en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.

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En su resolución solicito que el Estado de Nicaragua debe adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios, considerando su condición de personas pertenecientes a un pueblo indígena.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo guardó silencio cuando la CIDH solicitó información sobre el caso.

SIN ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA

El documento de la CIDH expone que los indígenas a pesar de padecer enfermedades y necesitar medicamentos estos no tienen acceso a atención médica pese a la existencia de órdenes del poder judicial para que se les facilite. Los cuatro indígenas se encuentran recluidos en celdas de máxima seguridad, en total oscuridad y esposados las 24 horas del día.

“Según fue informada la Comisión, estarían en condiciones de insalubridad pues el agua al que tendrían acceso sería agua sucia. Los propuestos beneficiarios se encontrarían extremadamente delgados, pues no tendrían acceso a alimentación adecuada y pálidos pues no tendrían exposición a la luz solar”, denunció la CIDH.

Los detenidos también son sometidos a amenazas de parte de los custodios y de otros reclusos las cuales habrían “degenerado en agresiones físicas y sexuales”, y que por eso su situación se podría considerar que están siendo sometidos a tortura física, psicológica y sexual.

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La masacre contra la comunidad fue perpetrada el 23 de agosto de 2021, cuando unas 37 personas que se encontraban trabajando en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna del Territorio Mayangna Sauni As, fueron sorprendidas en horas de la tarde por un grupo de hombres armados quienes rodearon el lugar y comenzaron a atacar a los comunitarios.

Unas 22 personas lograr escapar y sobrevivir al ataque incluyendo varios niños, pero otras fueron asesinadas incluyendo a mujeres las que fueron violadas sexualmente, incluidas menores de edad.

Los comunitarios en su momento señalaron que el ataque fue ejecutado por miembros de una banda conocida como Kukalón, liderada por una persona de alias “Chavelo”, quienes operan libremente en la Reserva de Bosawás. Pero la Policía aseguró que la masacre fue hecha por indígenas Mayangna.