Nicaragua sigue en la "lista negra" de EE.UU. por tráfico de personas: Ortega oculta cifras y protege a funcionarios corruptos

El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Nicaragua en su “lista negra” de tráfico de personas. La desonrosa inclusión en la actualización de los países que incumplen con los estándares marcados por la ley para combatir fenómeno, la comparte con los regímenes de Venezuela y Cuba.

Los países que hacen parte de la lista son señalados de no contribuir a los esfuerzos por evitar el tráfico de personas ni para proteger a las víctimas, según indica el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, que es una revisión de la situación a nivel mundial.

Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros 19 países en la “lista negra”, como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia, un bloque de países con los que Daniel Ortega estrecha lazos frente al aislamiento internacional que sortea desde 2018 por el grave deterioro de los derechos humanos y libertades del que es señalado como principal responsable.

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El informe concluye que Ortega ha “minimizado” la gravedad del tráfico de personas y que hasta "clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas”.

Pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordar el tráfico humano, dice el texto, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente, no hay avances.

En concreto, EE.UU. señala que las autoridades del régimen nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró “nimios” los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo “una preocupación grave”.

EE.UU. se hace eco en el texto de las denuncias de grupos de la sociedad civil de un aumento de casos de trata de personas durante la pandemia.

El reporte indica que Nicaragua no ha informado de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en “ofensas de tráfico” de seres humanos, pese “a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios”, ni ha cooperado con las oenegés que protegen a las víctimas.

EE.UU. apunta que “observadores” han cuestionado la vialidad de que el Ejecutivo nicaragüense documente el tráfico de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de esos “observadores” han apuntado que el régimen “oscureció o clasificó erróneamente y de forma intencionada los casos de trata para minimizar las estadísticas”.

VENEZUELA, UN CASO CRÍTICO

No obstante de los tres países latinoamericanas que figuran en la lista negra, el informe es más contundente con Venezuela, al señalar que “no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.

EE.UU. apunta que el régimen de Nicolás Maduro no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.

Destaca que Maduro “continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad”.

Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes venezolanos no hicieron los “esfuerzos suficientes” para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales.

Sobre Cuba, el reporte indica que, “pese a la falta de esfuerzos significativos”, el régimen de la isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.

Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una “política del Gobierno o patrón de beneficio” de los programas de exportación de trabajadores “con fuertes indicios” de trabajo forzoso.

En este punto, el Gobierno menciona las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana “siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas” y sin abordar “violaciones laborales y delitos de tráfico”.

En ese sentido, destaca “el creciente número de alegaciones” por parte de oenegés, exparticipantes en esas misiones y Gobiernos extranjeros sobre la presunta implicación de funcionarios cubanos en esos “abusos”.

EE.UU. acusa a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país; de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios; y de amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.

Y asegura que el régimen cubano no ha informado de haber hecho ningún esfuerzo de cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres humanos.

Al igual que en los últimos cinco años, EE.UU. afirma que los traficantes de personas “explotan” a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba.

El reporte, que ofrece una visión del estado del tráfico de personas en 188 países y territorios, informó sobre 24.340 víctimas identificadas este año, 15.159 procesos judiciales, 5,577 condenas y 27 leyes nuevas o reformadas relacionadas con la trata.