El régimen expulsa de Nicaragua a cuatro monjas de la orden Pobres de Jesucristo 

El Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo confirmó este lunes la expulsión de Nicaragua de cuatro monjas de su congregación que prestaban servicios de asistencia social en el departamento de León.  

Las monjas fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega tras negárseles la renovación de su residencia en Nicaragua y el asalto policial nocturno al convento donde operaban en León.  

Ahora las hermanas se encuentran en El Salvador donde continuarán su misión.  

“Queremos expresar nuestra gratitud por los siete años de misión en las tierras de Nicaragua, agradecemos la acogida de la Iglesia y del pueblo durante este tiempo que nuestro carisma permaneció en el país sirviendo a los pobres en sus múltiples rostros”, informó la congregación en un comunicado a través de Facebook que acompañó de fotografías de las cuatro religiosas ya en El Salvador.  

La congregación no hace referencia a los motivos por los cuales fueron expulsadas sus integrantes, tampoco habla del asalto policial a su convento y la situación legal en que quedaron sus bienes en el país.  

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“Con esto queremos agradecer a todos los consagrados, laicos, jóvenes, bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión e hicieron posible llevar a Cristo a los pobres, con estos sentimientos les informamos que nuestras hermanas fueron enviadas a la misión de El Salvador”, concluyó el mensaje de la congregación. 

MÁS DE 20 MONJAS EXPULSADAS Y CONFISCADAS 

En los últimos cinco meses, la dictadura de Daniel Ortega ha expulsado del país al menos 24 monjas de diferentes congregaciones religiosas como dominicas, trapenses, Hijas de Santa Luisa de Marillac, entre otras, que brindaban techo y comida a los más desfavorecidos en departamentos como Managua, Rivas, Chontales o León.  

Las primeras expulsiones de monjas se dieron el año pasado, cuando 18 Misioneras de la Caridad, orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, dejaron Nicaragua en julio después de que la Asamblea Nacional, bajo el control de los sandinistas, y a petición del dictador Daniel Ortega, les cancelara su personalidad jurídica. 

Estas acciones se dan en medio de un contexto de persecución e incesantes ataques de la dictadura contra la Iglesia católica.  

En 2022, el régimen expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y mantuvo bajo arresto a ocho sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien fue sustraído por agentes policiales la madrugada del viernes 19 de agosto, junto a otros cuatro presbíteros, dos seminaristas y un camarógrafo del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados. 

El obispo Álvarez, muy crítico con Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.