Dictadura cancela personería jurídica de la Fundación a la cual pertenecen las religiosas expulsadas el lunes

El Ministerio de Gobernación este martes 4 de julio le canceló la personería jurídica a la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, un día después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no les renovara la residencia a las misiones brasileñas las cuales fueron acogidas en El Salvador. Además, el régimen confiscó los bienes que tenía dicha organización sin fines de lucro.

En el acuerdo ministerial 91-2023 que firma la titular de Gobernación María Amelia Coronel señala que a la organización religiosa de incumplir la Ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro al tener juntas directivas vencidas desde febrero del 2021, no reportar los estados financieros del 2020, 2021, y 2022.

“La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y control de organismos sin fines de lucro del Migob y no promueven políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja el OSFL, desconociéndose el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos fueron acorde a sus objetivos y fines”, detalla Gobernación en el acuerdo ministerial.

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La Fundación tenía en Nicaragua un grupo compuesto por siete misioneras brasileñas que operaban en Nicaragua como hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo y se dedicaban al servicio de los pobres, a través del suministro de alimentos, vestuario y oración.

CONFISCAN LOS BIENES Y ORDENA A LA PGR PONERLOS A NOMBRE DEL ESTADO

La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo se estableció en Nicaragua en el 2019, mediante el decreto 8575, publicado en la Gaceta del 13 de agosto del 2019.

En lo relacionado a los bienes muebles e inmuebles señala el acuerdo ministerial que le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.

La expulsión de las religiosas se dio luego de que la Policía Orteguista allanara las instalaciones ubicadas en la ciudad de León. Se conoció que las misioneras tenían previsto abandonar Nicaragua la próxima semana luego de la negativa de renovarles su residencia.

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 La Iglesia se ha quedado desde el 2018 a la fecha sin al menos 80 religiosos, de estos 36 eran monjas, una igual cantidad de sacerdotes, tres diáconos, tres seminaristas, un obispo y el representante del papa en Nicaragua, ya sea porque fueron expulsados, desterrados o se les negó el ingreso al país, según datos de la investigación Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, que elaboró la investigadora Martha Molina.  

Los últimos tres de esta nefasta lista fueron los religiosos Jhonny José Guerrero Blanco, responsable de la iglesia San Pedro, en el barrio Situaba, León, y los presbíteros Luis Masís Velásquez y Bayardo Antonio Rugama, ambos de la Diócesis de Bluefields.