Reforma a la Ley de la Policía, la decadencia del brazo represor de la dictadura de Nicaragua

Amanece sobre la mesa una nueva reforma a la Contitución en Nicaragua, la segunda en menos de cuatro meses. Este miércoles, llega con urgencia al Legislativo una "propuesta" de modificación al artículo 97 de la Carta Magna que está relacionado a la naturaleza y el actuar de la Policía, así como otra iniciativa con ajustes a la Ley 872, Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional. El formalismo del curso de la iniciativa está prevista se salde hoy con la aprobación sin alteraciones del texto, lo "normal" desde que el Parlamento está en manos del orteguismo.

Expertos en la materia consideran que los cambios contenidos en las iniciativas de reforma no solo es un instrumento para criminalizar la deserción de policías, si no que es un reflejo del "resquebrajamiento y desgaste" de la institución y del mismo régimen que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Según se conoció, ambas iniciativas de reformas serán discutidas este miércoles por los 91 diputados que conforman el plenario de la Asamblea Nacional, las que fueron presentadas con carácter de urgencia.  La reforma a la Ley 872 comprende cambios en al menos tres artículos y la adición de un número similar.

Elvira Cuadra, investigadora y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), considera que ambas iniciativas de reformas se enmarcan dentro del contexto de la institucionalización de un estado policial en Nicaragua.

Expresa que los cambios que propone Ortega tanto a la Constitución Política como en la Ley 872 son para legalizar medidas y políticas de seguridad de naturaleza represiva y de vigilancia que ejerce sobre la sociedad nicaragüense.

ORTEGA CAMBIA LA NATURALEZA DE LA POLICÍA

En la reforma al artículo 97 de la Constitución y en la Ley 872 Ortega ordena suprimir de la ley de que la Policía es un cuerpo armado de “naturaleza civil” y solo lo deja como un cuerpo armado, lo cual para Cuadra crea una institución completamente distinta.

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Ambas reformas le dan predominio a la subordinación directa a la figura del presidente y se deja a un lado el modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad que señala actualmente el artículo 97 de la Constitución Política.

“Otros elementos que se modifican en la Constitución y en la Ley tienen que ver con el papel profesional apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que está señalado en la Constitución y en la Ley, pero que ahora aparecen completamente desplazado y eso hace que la Policía entonces sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la presidencia sin ningún tipo de principios ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas del ejecutivo”, detalla la investigadora.

REPRESIÓN ALCANZA A LA MISMA POLICÍA

Por su parte un experto en temas de seguridad que pidió omitir su nombre, tildó de grave la reforma a la Ley 872 ya que considera que el dictador está llevando la represión política que ejerce contra la población a lo interno de la institución.

Su argumentación la basa en que se han hecho públicas as deserciones dentro de las filas de los uniformados tanto de comisionados, subcomisionados los cuales posteriormente se exilian por eso ahora podría estar buscando la “criminalización de la deserción”.

“La gravedad parece que es criminalizar y pasar por juicios políticos con todo este sistema legal y jurídico y la estructura del Poder Judicial politizada, pasar por allí a esos policías que desertan y condenarlos”, detalla el analista.

Para el experto esta reforma a la Ley y a la Constitución es una respuesta al “resquebrajamiento y desgaste” que sufre a lo interno la Policía que está provocando la salida y huida de oficiales.

“Está endureciendo la ley para responder a esa situación. lo que Daniel Ortega quiere es que sus subalternos, sus serviles dentro de la Policía, su núcleo de confianza y aquellos que tienen información comprometida no se les vaya porque le va a aplicar todo el peso del Estado a esas personas”, advierte el experto.

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REFORMAS PARA FRENAR FUGA DE POLICÍAS

Dentro de la reforma Ortega propone tres nuevos artículos a la Ley, los cuales están relacionados que el “personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.

“El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, detalla el nuevo artículo.

Para Cuadra estos nuevos artículos es por el descontento y las fugas que hay en las filas policiales y por eso están introduciendo “medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en sus números y capacidades”.

Para que la reforma a la Constitución que propone Ortega sea efectivo se necesita que primero sea dictaminada por una comisión especial la cual debería dictaminarlo en un plazo no mayor de 60 días. Luego aprobado por el plenario y deberá ser discutido en dos legislaturas, es decir que será efectivo hasta el 2024.