Estados Unidos sanciona a la procuradora general de Nicaragua y otros funcionarios del régimen

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este miércoles a 13 funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, entre los que se encuentran la Procuradora General de República, Wendy Morales, diputados, jueces y fiscales.

Estas sanciones se anuncian el mismo día en que la dictadura conmemora el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Entre los funcionarios incluidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, está también Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta; Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria del Parlamento; así como el diputado Alejandro Mejía Ferreti.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la lista de los funcionarios sancionados por actos de corrupción y acciones contra la democracia, incluye a 10 guatemaltecos, 10 hondureños, 13 nicaragüenses y seis salvadoreños  fue remitido al Congreso en base a la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte.

“La corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica conducen a la inestabilidad e impulsan la migración irregular”, expone el comunicado, el cual señala que los individuos identificados participaron en actos a sabiendas que “socavan los procesos o instituciones democráticas, en corrupción significativa o en obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”.

LES QUITAN LA VISA Y NO PUEDEN INGRESAR A ESTADOS UNIDOS

Las sanciones incluyen el retiro de visa e impiden el ingreso a territorio estadounidense a las personas designadas. La administración de Joe Biden indicó que utilizará todas las herramientas disponibles para la rendición de cuenta para los funcionarios corruptos o aquellos que socavan la gobernabilidad democrática.

 “Estados Unidos busca apoyar a los centroamericanos en sus esfuerzos por asegurar una región democrática, próspera y segura donde los individuos participen y se beneficien del proceso democrático, tengan confianza en las instituciones públicas y disfruten de oportunidades económicas y sociales”, expone.

LISTA DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS

1. Wendy Carolina Morales Urbina, actual Procuradora General de la República de Nicaragua, socavaron procesos o instituciones democráticas, usando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir Libertad de asociación.
2. Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalia coordinada del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
3. Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participando en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a nicaragüenses de la ciudadanía de opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
4. Loria Raquel Dixon Brautigam, actual primera secretaria de la Asamblea Nacional socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalia coordinada del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
5. Alejandro Mejía Ferreti, actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavaron los procesos e instituciones democráticos al participar en represalia coordinada del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
6. Rosa Argentina Solís Dávila,  magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, menoscabó procesos o instituciones democráticas al usar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos de la Régimen Ortega-Murillo.
7. Ángela Dávila Navarrete, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua socavaron los procesos democráticos o instituciones mediante el uso de la corte de apelaciones para facilitar una campaña del gobierno para tomar represalias contra los críticos del Ortega-Murillo régimen y suprimir la disidencia despojando a la ciudadanía nicaragüense de opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
8. Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavada procesos o instituciones democráticas participando en un proceso coordinado campaña para suprimir la disidencia, usando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
9. Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, desmintió procesos o instituciones democráticas participando en un proceso coordinado campaña para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y para reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.
10. Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora del Instituto Nacional Dirección de Registros de la Propiedad (DNR), vulnerada democracia procesos o instituciones usando su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de políticos oponentes.
11. Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavado procesos o instituciones democráticas al usar su posición y influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar las propiedades de los opositores políticos.
12. Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavaron los procesos democráticos o instituciones mediante el uso de la SIBOIF para proporcionar la información financiera de los disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a los funcionarios en el judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir disidencia al apoderarse de los bienes de los adversarios políticos sin base legal.
13. Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, vicedirectora de la Nicaragüense Instituto de Seguridad Social, socavado procesos o instituciones democráticas por usando su posición e influencia para facilitar un acuerdo coordinado, políticamente campaña gubernamental motivada para cancelar y apoderarse de las pensiones de adversarios políticos sin base legal