La dictadura intensifica represión: 519 ataques contra opositores en el primer semestre de 2023 

La represión del régimen de Daniel Ortega se ha intensificado en el primer semestre de este año, según el denominado Monitoreo Azul y Blanco que ha documentado 519 ataques considerados violaciones a los derechos humanos contra opositores. Destacan las detenciones arbitrarias, el destierro de opositores y las confiscaciones.

“La persecución política ha provocado un ambiente de terror y autocensura en la población”, denunció el organismo en un informe divulgado este miércoles.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registró la detención de 146 personas en todo el país, de las cuales 90 habían sido capturadas en redadas masivas, de acuerdo con el informe avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Horas o días después de haber sido detenidos y acusados de delitos considerados "traición a la patria", la mayoría fueron enviados a sus casas con medida cautelar, en la que deben firmar periódicamente en las delegaciones policiales o judiciales de su municipalidad.

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Managua concentra el 24 por ciento de los incidentes, seguido de Chinandega, la Región Autónoma del Caribe Norte y Masaya.

En los meses de abril y mayo se registró la mayor cantidad de incidentes con 218 y 160 denuncias respectivamente. Luego le sigue febrero (40), enero (33), marzo y junio con 32 quejas, respectivamente.

“En Semana Santa la persecución a la Iglesia católica y el aniversario de las manifestaciones de abril del 2018 fueron los hechos que más marcaron la represión en los últimos tres meses”, indica el organismo.

REPRESIÓN MIGRATORIA

De los 519 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos, 146 fueron detenciones, 114 hostigamientos, 102 incidentes de judicialización, 47 amenazas, 43 control social territorial, 33 represión migratoria, 25 cancelaciones de personalidades jurídicas/confiscaciones, y 9 agresiones.

Sobre la represión migratoria se dcoumentaron 25 incidentes relacionados con el destierro de nacionales que ha dejado 352 víctimas, así como a dos nicaragüenses a quienes se les negó la salida del país.

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“Varios de estos incidentes involucran a familias completas (padres, madres e hijos)”, denunció el organismo.

Además, a siete extranjeros no se les permitió el ingreso a Nicaragua y otros cinco que ya estabann en el país fueron expulsados.

En este sementre se destaca también el destierro de los 222 excarcelados políticos enviados a Estados Unidos el 9 de febrero pasado.