Líderes universitarios denuncian al Estado de Nicaragua por el despojo de su nacionalidad y destierro

El Centro de Asistencia de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) denunció al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos de cuatro líderes estudiantiles pertenecientes a la opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

Los opositores que presentaron la demanda son Max Jerez, Lesther Alemán, Mildred Rayo y Miguel Flores, todos fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero y despojados de su nacionalidad.

Danny Ramírez-Ayerdis, miembro de Calidh, expone que los cuatro estudiantes fueron víctimas del patrón represivo de censura, castigo y venganza que ejecuta la dictadura de los Ortega-Murillo contra todos los ciudadanos que percibe como opositores.

“Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita la denuncia, la tramite y que la envíe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra expectativa es que se siente un precedente de las graves violaciones que el Estado de Nicaragua comete contra los opositores nicaragüenses”, declaró Ramírez-Ayerdis.

En el documento Calidh puso en evidencia las "graves violaciones" a los derechos humanos que comete la dictadura de Nicaragua desde abril del 2018.

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DESTERRADOS POR OPONERSE AL RÉGIMEN

Max Jerez y Lesther Alemán fueron condenados a 13 años de prisión por el delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y de la sociedad". Mientras que Rayo y Flores fueron sentenciados a penas de entre 8 a 10 años de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos.

“Hicimos ver a la CIDH que estas personas han sido agredidas sistemáticamente por el Estado de Nicaragua por su participación en la oposición, de cómo eran vigilados, perseguidos, hostigados, agredidos físicamente antes de ser expulsados”, indica el defensor de derechos humanos.

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El organismo de derechos humanos con sede en Argentina también detalló las violaciones al debido proceso que se llevaron a cabo en los ilegales juicios a los que fueron sometidos los universitarios y cómo el Poder Judicial es un "brazo represor" más de la “venganza” del régimen contra los cuatro jóvenes.

"También expusimos ante la Comisión la gravedad que implica que estos muchachos junto a otros 218 presos políticos fueran expulsados de Nicaragua. La grave violación al derecho internacional sin precedentes en el sistema interamericano a los derechos humanos", concluyó Calidh.