El Migob oficializa la cancelación de la personería jurídica de la UCA y ordena a sus directivos entregar toda la información

El Ministerio de Gobernación ha oficializado este viernes la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), 24 horas después de que se conoció que el régimen de Daniel Ortega ordenó la confiscación de sus bienes y cuentas bancarias tras una acusación de terrorismo.

Según un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta, la cancelación se base en la sentencia del juzgado de Managua y la cancelación de funcionamiento emitido por el Centro Nacional de Universidades (CNU). "Los directivos de la UCA deberán entregar de forma expedita y ordenada a la Dirección de Cumplimiento del CNU la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudios, bases de datos de matrículas y calificaciones", se lee en el documento.

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La resolución ministerial 104-2023 también acusa a la extinta UCA de “obstaculizar el control y vigilancia” de la Dirección de organismos sin fines de lucro al no reportar sus estados financieros correspondientes al 2020, 2021, y 2022, y que su junta directiva se encuentra vencida desde el 18 de marzo del 2022. Este es el mismo argumento que ha utilizado para cancelar la personería jurídica de más de 3 mil organismos sin fines de lucro que funcionaban en todo el país.

“Y su junta directiva, obstaculiza el control y vigilancia de esa dirección, no promoviendo políticas de transparencia en la administración y manejo de la universidad, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les otorgó la personalidad  jurídica y quienes dirigen y administran la universidad”, señala parte de los considerando del acuerdo ministerial que firma la titular de la cartera María Amelia Coronel.

ORDENA A LA PGR TRASPASAR BIENES AL ESTADO

El régimen de Daniel Ortega anunció por medio del CNU la creación de la universidad Casimiro Sotelo Montenegro la cual funcionará en las confiscadas instalaciones de la UCA, la cual según el acuerdo ministerial dará “continuidad educativa” a los estudiantes de grado y post grado.

En documento ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) a traspasar a nombre del Estado todos los bienes muebles e inmuebles que le pertenecían a la UCA.

En sus más de 60 años de existencia la UCA había emitido unos 28 mil títulos de grado, cinco mil de postgrado, contaba con más de cien universidades aliadas y había suscrito más de mil convenios institucionales los cuales se encontraban vigentes al momento de su confiscación. Se desconoce si las universidades aliadas y los convenios suscritos continuarán vigentes. 

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El pasado 15 de agosto, la juez Gloria Saavedra titular del Juzgado Décimo del Distrito Penal de Audiencias de Managua giró un oficio a la UCA donde les informaba de la incautación de bienes muebles e inmuebles, dinero tanto en moneda nacional como extranjeras y acusó a las autoridades de ser un “centro de terrorismo” y de traicionar la confianza del pueblo nicaragüense. 

La UCA rechazó los señalamientos “infundados” de la dictadura y reiteró su compromiso con la comunidad y la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a los principios que originaron su fundación desde 1960.