La ONU y CIDH piden liberar a monseñor Álvarez y ocho sacerdotes que siguen detenidos por la dictadura

Este 19 de agosto se cumple un año del asalto policial a la Curia Episcopal de Matagalpa, donde monseñor Rolando Álvarez fue extraído con violencia y trasladado a Managua a arresto domiciliario. Desde el pasado 10 de febrero, se encuentra en la cárcel La Modelo con falta de acceso regular a atención médica, sometido a incomunicación y sin que se conozcan visitas familiares. 

Al cumplirse un año de la detención arbitraria de monseñor Rolando Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central (OACNUDH), condenaron las continuas violaciones a los derechos humanos de monseñor Rolando Álvarez e insisten en su inmediata liberación.  

Monseñor Rolando Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, luego de estar confinado más de 15 días con otras personas pertenecientes a la Iglesia Católica, sin acceso a alimentación ni a agua. La detención fue efectuada por la policía de forma violenta, y sin orden judicial, y fue puesto en condición de arresto domiciliar. El 13 de diciembre de 2022, fue presentado, por primera vez, en los juzgados de Managua, donde fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

El 10 de febrero de 2023, al día siguiente de negarse a ser desterrado a los Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega junto con otros 222 presos políticos, monseñor Álvarez fue sentenciado “sin juicio y sin garantías procesales”, a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos ciudadanos de por vida, incluida la nacionalidad nicaragüense (estas dos últimas penas no previstas en la legislación nicaragüense).

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Fue condenado por los delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas y obstrucción de funciones agravada, desobediencia y desacato a la autoridad. También fue catalogado como “traidor a la patria”. Desde esa fecha fue trasladado a la cárcel La Modelo y se encuentra incomunicado. 

El 25 de marzo de este año, el obispo recibió la única visita de sus familiares, donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra. 

El 13 de abril pasado, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Monseñor Álvarez, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. El 28 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la CIDH, le otorgó medidas provisionales y requirió al Estado informar sobre su situación y su liberación inmediata. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

OCHO SACERDOTES ENCERRADOS 

Desde 2022, tanto la CIDH como la OACNUDH han documentado el “aumento de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales”, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión.

A la fecha, según los organismos, al menos 44 miembros de la Iglesia católica fueron expulsados de forma arbitraria del país, ocho sacerdotes permanecen detenidos, seis en el sistema penitenciario y dos en “seminario por cárcel”. 

En ese sentido, tanto la CIDH como la ONU, llamaron a la dictadura a “abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad”.