El régimen compra a 200 córdobas las firmas de apoyo al proyecto Bio-Clima para acceder a los millones del Fondo Verde

El régimen de Daniel Ortega está pagando 200 córdobas a los habitantes de comunidades indígenas de Nicaragua para que firmen en favor de la ejecución del proyecto Bio-Clima con el que pretende acceder a 116.6 millones de dólares bloqueados desde julio pasado por la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC).  

“Cuando llegan la gente ingenuamente da la firma a cambio de los 200 córdobas o la provisión (de comida), pero realmente los comunitarios desconocen el proyecto”, aseguran a DESPACHO 505 líderes indígenas. 

Con el bloqueo de los fondos verdes a Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega se le dio un plazo de 120 días que vence en el mes de octubre para arreglar algunas inconsistencias en el proyecto y se le recomendó la ejecución de una consulta libre, previa e informada, la identificación de un actor independiente que supervise las acciones del proyecto y el uso transparente de los recursos.  

En ese sentido, desde el mes de agosto funcionarios del régimen visitan las comunidades indígenas del Caribe Norte y ofrecen el pago de 200 córdobas a los comunitarios para que den su firma y número de cédula en respaldo al proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan” 

Tras el bloqueo de los fondos, el régimen comenzó a tratar de cumplir con los requisitos realizando “consultas amañadas”, dicen otros líderes comunitarios consultados por este medio. 

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El Concejo de Ancianos de la Muskitia nicaragüense rechazó las consultas que funcionarios afines al régimen de Daniel Ortega llegaron a realizar. 

“Ellos compran firmas para luego presentarlas y decir que es transparente, pero no es así”, afirmó uno de los miembros del Concejo de Ancianos. 

Las comunidades Li lamni, Li Aubra, Tasba Pri, Mayagna  Sauni As y Twi Yahbra, así como otras comunidades del territorio Wangkiy han recahzado la consulta. 

EXIGEN “SANEAMIENTO” ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Antes de la ejecución del mega proyecto, los comunitarios indígenas exigen al régimen el “saneamiento” de sus territorios a través de la expulsión de colonos invasores que destruyen sus comunidades.  

Entre el 2022 y el 2023, el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes registró violaciones a los derechos humanos en 83 comunidades de 17 territorios indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, con 571 incidentes, entre ellos invasión de tierras por colonos o terceros, criminalización de defensores, violencia política y represión contra la autonomía comunitaria.

El Concejo de Ancianos ha denunciado que las alcaldías  y  gobiernos territoriales responden a los intereses del régimen y no de las comunidades  indígenas. Son esos mismos funcionarios quienes se han encargado de realizar las “consultas” sobre la ejecución del proyecto Bio-Clima.  

La participación de la población indígena y afrodescendiente, según los denunciantes, es menor al 10 por ciento y que en las consultas las autoridades comunales y territoriales impuestas por el gobierno permiten únicamente la intervención de militantes del partido Frente Sandinista. 

“Cinco personas no pueden  representar  a 100 o 500 personas sobre un proyecto como Bio-Clima que trastocaría profundamente la tenencia de  la  tierra y la vida social y económica de las comunidades”,  indicó en un comunicado el Concejo de Ancianos.

En las consultas tampoco se presenta mucha información sobre el proyecto ni  se permite un debate sobre el mismo. 

Las autoridades tampoco han facilitado información del proyecto en idiomas indígenas o en inglés creole o garífuna. 

Por todas estas irregularidades el Concejo  de Ancianos pide a la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima el desembolso de los 116.6 millones de dólares hasta que el Gobierno de  Nicaragua haya “saneado” sus territorios.  

Finalmente, piden al régimen respetar la autonomía de las comunidades indígenas y reconocer a sus autoridades electas en asambleas sin ningún tipo de injerencia política.