Jaime Arellano denuncia la confiscación de su casa valorada en un millón de dólares

El régimen de Daniel Ortega confiscó este jueves una propiedad valorada en un millón de dólares denunció el comentarista político Jaime Arellano, ubicada en Altos de Santo Domingo en Managua.

Arellano, quien fue desterrado en febrero de este año a Estados Unidos, dijo a 100% Noticias, que la Procuraduría le confirmó la confiscación de la casa, la que estaba en litigio con sus hermanas.

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El patrimonio, que fue un bien heredado por sus padres y que compartía derechos con sus dos hermanas, era resguardado por un familiar, pero ahora pasa a manos de la dictadura y se suma a la lista de bienes confiscados a opositores y a la iglesia católica en Nicaragua.  

“Hoy me confiscaron el 66.66% de la casa que mi papá me heredó, donde vive mi hermana. La Procuraduría llegó hoy y notificó”, señaló Arellano.

El comentarista político también recordó que antes de que le confiscaran la herencia de sus padres, ubicada en Los Altos de Santo Domingo, zona de alta plusvalía, ya le habían confiscado su negocio de rótulos de carretera, su set de televisión, las cámaras, micrófonos, consola y artículos de oficina, y le habían congelado su cuenta bancaria.

“Me han robado todo lo que han podido robarme, pero nunca podrán quitarme ni que soy nicaragüense que amo a Nicaragua y que sé que muy pronto Nicaragua va a ser libre”, recalcó Arellano.

OTROS CONFISCADOS 

La dictadura Ortega-Murillo confiscó esta semana cinco propiedades, entre ellas la viviendas de la escritora Gioconda Belli, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el periodista Camilo De Castro y el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, y la cineasta Leonor Zúniga.

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El organismo Raza e Igualdad informó que de acuerdo con reportes de prensa y de la sociedad civil tenían información que en los últimos días el régimen ha ocupado al menos 40 viviendas entre las se encontraba la de Belli, Carrión, de Castro y del opositor Moisés Hassan.

Los confiscados son parte de una lista de 94 personas que el pasado 15 de febrero, el régimen despojó de su nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes, luego de acusarlos de traidores de la patria.