Estos 7 hechos demuestran que Ortega es un dictador y no un “gobernante democrático”, como afirma encuestadora afín al régimen

El dictador Daniel Ortega ha instaurado en Nicaragua un régimen autoritario que ha aniquilado la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, una reciente encuesta de la firma encuestadora M&R Consultores arrojó que el 80.9 de los nicaragüenses consultados lo ven como un "gobernante democrático"

¿Se puede ser un gobernante democrático cuando en Nicaragua no hay separación de poderes y la Policía y el Ejército es controlado por una sola persona con fines partidarios? ¿O Cuando el gobernante mantiene una feroz persecución contra la Iglesia Católica y despoja la nacionalidad a más de 300 opositores? ¿O cuando se viola la Constitución Política?

Los expertos dicen que no. A pesar los atropellos, la encuesta M&R Consultores, afín a la dictadura, publica una encuesta de opinión pública en el que se concluye que Ortega se "apega a las leyes del país". Lo que no dicen los medios oficialistas que difunden el estudio es que ha aumentado la percepción de que Ortega es un gobernante autoritario ya que en junio de este año era de 10.8 por ciento y en septiembre subió a 16.4 por ciento.

Otro dato que tampoco revelan es que la misma encuestadora refleja que en septiembre del 2018, el 48.1 por ciento de los ciudadanos entrevistados señalaron que Ortega era un gobernante autoritario que actuaba para instaurar una dictadura y el 41.9 por ciento consideraba que era un gobernante democrático y apegado a las leyes.

Según la encuestadora los datos se obtuvieron en septiembre del presente año y se entrevistaron a 1,630 personas de ambos sexos y mayores de 16 años y que el margen de error es de 2.48 por ciento y el nivel de “confianza” es del 95 por ciento. Pero el “apego a las leyes del país” que dice la encuesta que respeta el dictador es un punto que no comparten expertos en derechos humanos, ya que mantiene en el limbo jurídico a unos 10 de los 13 sacerdotes, por ejemplo,

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Además, la dictadura intentó legitimar el destierro de 222 presos políticos por medio de una reforma al artículo 21 de la Constitución Política, el cual establece que pierden la nacionalidad nicaragüense los que son declarados “traidores a la Patria”, pero dicha modificación no estará vigente hasta que sea aprobada en segunda legislatura. 

En Gato Encerrado te contamos los hechos que demuestran que Ortega no es un gobernante democrático.

1. Persecución contra la Iglesia católica

A partir del 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una feroz persecución, asedio, vigilancia y detenciones contra la Iglesia católica de Nicaragua. Tiene bajo arresto a 13 sacerdotes, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez condenado a 26 años de cárcel. Prohibió las procesiones y manifestaciones de fe en todo el país, mantiene vigiladas las iglesias y, según un estudio, ha perpetrado 667 ataques desde abril del 2018 a agosto del presente año. De esa cantidad al menos 205 fueron ejecutados en el 2023. La dictadura de Ortega también congeló las cuentas bancarias de las diócesis y acusó a la Iglesia de ser lavadores de dinero. Al menos 151 religiosos han sufrido exilio, destierro, prohibición de ingreso al país y expulsiones.

2. Silenciamiento de las voces disidentes

El 9 de febrero la dictadura desterró a 222 presos políticos y trató legitimar por medio de una reforma a la Constitución Política, pero que tiene que ser ratificada en segunda legislatura, es decir, en el 2024. A estos además les quitó la nacionalidad y confiscó sus bienes. Ese mismo mes desnacionaliza a 94 ciudadanos nicaragüenses a quienes también despojó de sus bienes. Según han denunciado los organismos de derechos humanos, Ortega ha intentado silenciar las voces disidentes. En las cárceles mantiene a 89 presos políticos según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas cortados a agosto del presente año, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa condenado a 26 años de cárcel. 

3. Cancelación de universidades y organismos sin fines de lucro

La más reciente embestida fue la cancelación y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) bajo el argumento de que es un “centro de terrorismo”. De igual forma, ilegalizó a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua y le confiscó sus bienes. Más recientemente, se apropió de las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), valoradas en 30 millones de dólares, luego de cancelar su personería jurídica. Estas ilegalizaciones son parte de una ola represiva en contra de los organismos sin fines de lucro que emprendió desde 2018.

4. Procesos electorales cuestionados  

En noviembre del 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo se reelegieron para un nuevo periodo presidencial bajo denuncias de un Consejo Supremo Electoral parcializado, y con los principales rivales presos y sin derecho a manifestaciones políticas en las calles. Previamente había aprobado una serie de leyes represivas destinadas a criminalizar a los opositores bajo el argumento de ser traidores a la patria.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que señala que los comicios de ese año “no fueron libres, justos ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. En el 2022 se llevaron a cabo las elecciones municipales, en las que el dictador se apropió de las 153 alcaldías. El abstencionismo en ambos procesos electorales  fue el gran ganador. En las generales rondó el 81.5 por ciento según Urnas Abiertas y en las municipales fue de 82.67 por ciento, y añadió que este proceso fue  marcado por una “coacción sin precedentes”, para que la población acudiera a votar.

5. Perpetrador de crímenes de lesa humanidad

Ortega ha sido denunciado de cometer crímenes de lesa humanidad. El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, presentado en septiembre de este año, advirtió sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua y  “junto con los demás crímenes documentados hasta la fecha, perpetrados debido a la identidad política del grupo contra el que se dirigen, lleva al Grupo de Expertos a concluir que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”. También desde octubre del 2022, se presentó una denuncia para que se inicie una investigación penal contra el régimen de Nicaragua para que determine si cometieron crímenes de lesa humanidad a partir del 2018 cuando comenzó la crisis en Nicaragua. Ortega es el responsable de la muerte de unas 355 personas durante las protestas de abril del 2018, según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).  Precisamente en septiembre pasado, cuando se realizó la encuesta de M&R, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, señaló en la actualización de su informe que el país vive una nueva ola de violaciones a los derechos humanos y un aumento de la persecución contra los opositores.

6. Cancelación de partidos políticos

Ortega se encamina al establecimiento de un partido único. Desde el 2021 a la fecha ha cancelado la personería jurídica a cuatro partidos políticos: Partido Conservador (PC), Partido de Restauración Democrática (PRD), Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el más reciente fue Yatama, partido indígena regional. Las ilegalizaciones de los tres primeros se dieron previo a las elecciones nacionales en las que Ortega y Rosario Murillo se reeligieron para un nuevo período presidencial. Y el último previo a las elecciones regionales previstas para marzo del 2024.

7. Altos funcionarios sancionados por corrupción y violar derechos humanos

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han sancionado a Rosario Murillo y a su círculo más cercano de funcionarios, al igual que a una serie de instituciones señaladas de participar en la represión contra los opositores. Estados Unidos, además de las sanciones, ha restringido visas a funcionarios municipales. Las sanciones han alcanzado a todos los poderes del Estado. La Asamblea Nacional funciona con toda su junta directiva sancionada, por ejemplo. La encuesta de M&R señala que el 91.6 por ciento de sus encuestados reconoció el “profesionalismo” de la Policía Orteguista, pero esta institución ha sido sancionada por cometer ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y por prohibir y reprimir las manifestaciones pacíficas de la población.