La dictadura usurpa la voluntad popular de los pueblos indígenas al imponer a la diputada Ana Rafael Alfred

La imposición de la diputada suplente orteguista Ana Valeria Rafael Alfred en el escaño que ocupaba en la Asamblea Nacional el diputado Brooklyn Rivera del partido indígena Yatama es considerado como una violación al derecho a elegir y ser electo que tienen los pobladores de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, circunscripción por la cual fue designado el legislador. Rivera fue detenido el pasado 29 de septiembre por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ana Valeria Rafael era la suplente del diputado propietario Antenor Enrique Urbina Leyva, quien llegó al Parlamento bajo la bandera del FSLN por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explica que poner a Rafael en el escaño de Rivera es para dar una especie de “imagen de que respeta elementos de la Ley de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua».

Además, señala que la decisión anunciada el pasado jueves 12 de octubre, por Gustavo Porras viola la Constitución Política en el acápite referido a la autonomía de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.  “La participación de Yatama en los procesos electorales, la elección de Brooklyn Rivera en los procesos electorales es el resultado de una lucha de los pueblos de la Costa Caribe y que actualmente está siendo anulada por el Frente como una forma de aplastar la realidad, la memoria e imponer su narrativa en la que ahora en Nicaragua existe el proyecto dinástico-totalitario”, expone Guadamuz.

El abogado señala que el dictador Daniel Ortega con la detención de Rivera y de su diputada suplente Nancy Henríquez, así como la cancelación de la personería jurídica de Yatama busca el control total de esa zona de Nicaragua.  “Es una estrategia ordenada y sistemática, elaborada por el FSLN orientada a eliminar la autonomía de los pueblos indígenas”, detalla Guadamuz, quien advierte que en la Costa Caribe continúa la invasión de colonos, los ataques a las poblaciones que ha dejado muertos, heridos y comunidades desplazadas.

“Esta es una estrategia, una línea de represión que tiene muy hilvanada donde suprimen los derechos”, anota el defensor de derechos humanos. En julio de este año, durante la elección de las nuevas autoridades indígenas del territorio Twi Waupasa, del municipio de Puerto Cabezas, el oficialismo impuso la reelección como presidenta a Ana Valeria Rafael Alfred a pesar del rechazo de la comunidad. Al respecto, Guadamuz señala además la complicidad de otros poderes del Estado como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral ya que ambos son parte de la ola represiva del régimen. 

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Porras no ha explicado el procedimiento que se utilizó para imponer a Ana Valeria Rafael en el escaño de Rivera, quien no ha sido acusado ni tampoco desaforado ni le han quitado la inmunidad.

YATAMA Y LA SENTENCIA DE LA CORTE-IDH

Guadamuz señala que el dictador Ortega, quien controla el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha mantenido una línea represiva para anular el ejercicio de los derechos en la Costa Caribe de Nicaragua. Recordó que, en septiembre del 2015, el diputado orteguista Edwin Castro denunció a Brooklyn Rivera por la venta ilegal de tierras comunales indígenas. Posteriormente, el plenario aprobó con 64 votos a favor y 22 en contra la suspensión de inmunidad   y la condición de diputado a Brooklyn Rivera Bryan.

Pero unos años antes, en junio del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia a favor de Yatama luego de que las autoridades electorales no los dejaron participar en las elecciones municipales del año 2000.  El documento señala que  Yatama inició su participación en las elecciones como asociación de suscripción popular lo que “implicaba que cualquier organización podía participar en las elecciones si recogía cierto número de firmas y no se exigía la presentación de candidatos en todas las circunscripciones territoriales”.

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Pero dicha figura fue eliminada en el 2000 con una reforma a la Ley Electoral que obligó a Yatama a constituirse en partido político el 4 de mayo de ese año. Pero cuando intentaron inscribir a los candidatos el Consejo Supremo Electoral (CSE) se los impidió indicando que estaban fuera del calendario. En esa ocasión la CorteIDH señaló que el Estado violó los derechos políticos y el derecho a la igualdad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa sentencia nunca la cumplió el Estado de Nicaragua.