La Asamblea Orteguista le quita el control del Registro Público a la CSJ y lo pasa a manos de la PGR

La Asamblea Nacional aprobó este martes con trámite de urgencia una reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua referido a la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que a partir de ahora no podrá supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

El diputado orteguista Gustavo Porras señaló que con la reforma al artículo 165 de la Constitución Política, el Registro pasará a ser administrado por la Procuraduría General de la República (PGR). 

Esta reforma se da en momentos de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una crisis institucional ya que el régimen destituyó a las magistradas Alba Luz Ramos y Yadira Centeno, ambas con una larga trayectoria en ese poder del Estado. Además, ha ejecutado una serie de despidos en esa instancia. 

La reforma que fue planteada por 76 legisladores afines al régimen, elimina que dentro de las atribuciones del Consejo Nacional y Carrera Judicial esté nombrar a los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil. La reforma fue aprobada por 81 diputados y 10 se abstuvieron de votar. 

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También reforma el punto seis del artículo 165 de la Constitución, que establece que el Consejo no podrá instruir, conocer y resolver las denuncias por faltas disciplinarias leves, graves o muy graves que cometan los Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Esta reforma constitucional que se aplica sin consulta debería ser ratificada en segunda legislatura, pero la dictadura, como ha hecho en ocasiones anteriores, se salta la ley y la pondría en marcha desde ya.

REFORMAN LEY ORGÁNICA DE LA PGR

Seguidamente los parlamentarios orteguistas aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que le otorgan el contrl del Sistema Nacional de Registro (Sinare) .

En la exposición de motivos señalan que es “prioridad” del Estado de Nicaragua, “garantizar la seguridad jurídica de las familias nicaragüenses”, la cual es una tarea que según el régimen lleva a cabo la PGR y que colaboran diferentes instituciones  Estado.

“Se hace necesario armonizar las labores del Sistema Nacional de Registros, con las Instituciones del Estado, adscribiéndolo a la Procuraduría General de la República, para agilizar y optimizar la administración de los Registros Públicos de: Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles”, detalla la exposición de motivos. 

También reformaron el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde una de sus atribuciones era nombrar y destituir a los Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil de todo el país.

Desde hace años se han denunciado actos de corrupción, tráfico de influencias, pago de coimas en las oficinas de los registros de propiedad en los distintos departamentos del país. Además, ha habido señalamientos de que el registro de la propiedad ha sido utilizado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia para cobrar o pagar favores políticos.

CREAN EL SINARE

El Sinare fue creado mediante una reforma a la Ley General de los Registros Públicos, el cual lo estable como una institución pública con personalidad jurídica, patrimonio propio y de duración indefinida, con autonomía administrativa funcional y financiera.

También podrá establecer delegaciones en las cabeceras departamentales, en las regiones autónomas del Caribe y en los municipios. El director o directora del Sinare será nombrado por la Procuraduría.

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Esta es la tercera reforma a la Constitución Política que aplica el régimen de Daniel Ortega. La primera fue en febrero al artículo 21 para pretender legitimar el destierro y despojo de la nacionalidad nicaragüense a los presos políticos.

La segunda fue en julio pasado para eliminar carácter profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de la Policía y castigar a los desertores.