El traspaso del Registro Público a la PGR facilita las confiscaciones exprés y aumenta la inseguridad jurídica en Nicaragua

La reforma que aprobó este martes la Asamblea Nacional para quitarle el control de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pasarlo a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), es una maniobra de la dictadura para confiscar y tomar el control de cualquier propiedad mueble, inmueble y mercantil en Nicaragua de forma expedita, advierten expertos.

Además, anotan, envía un pésimo mensaje de inseguridad jurídica a los inversionistas, pues es un factor que resta confianza..  

La reforma del artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, fue presentada como una alternativa “para agilizar y optimizar la administración de los Registros Públicos de: Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles”.  

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Juan Sebastián Chamorro, ex preso político y desterrado, tildó de “barbaridad jurídica” el traslado del Registro Público a la Procuraduría General de la República, quien es el abogado del Estado, ya que considera que deja a merced del dictador las propiedades privadas y “dependiendo de sus necesidades y antojos va a poder alterar estos registros”.

“Va a poder confiscar sin la necesidad de írselo a pedir al Poder Judicial que, además, queda sin una fuente importantísima de recursos, porque cada vez que se registraba una hipoteca, un cambio de una propiedad también se pagaba por el trámite ese dinero ahora le cae al Procurador General”, expresó Chamorro.

REGISTROS BAJO EL CONTROL DE ORTEGA-MURILLO

Chamorro considera que esta reforma cambia las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua y envía un pésimo mensaje a los inversionistas, “que ahora sus derechos de propiedad están cada vez más vulnerados y también los derechos de propiedad de todos y cada uno de los nicaragüenses”.

Carlos Guadamuz, abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que en la reforma, los parlamentarios incumplieron con los procedimientos de la Ley Orgánica de ese Poder, ya que se debió conformar una comisión especial la que tenía que realizar consultas y análisis del impacto de dicha modificación. 

“Este procedimiento fue omitido como es costumbre, esta fue una reforma exprés y fue inconsulta, no hubo un debate”, manifestó el abogado.

La reforma se da en momentos en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intervino la presidencia de la CSJ, separó de sus cargos a la presidenta Alba Luz Ramos, y a los magistrados Yadira Centeno y Virgilio Gurdián, y después de confiscar los bienes de las personas que fueron desterradas y despojadas de su nacionalidad. 

Guadamuz considera que la reforma otorga en la PGR el nombramiento, control, funcionamiento, fiscalización de todos los registros los cuales son sensibles para el desarrollo económico del país.

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CORRUPCIÓN EN LA PGR

Agregó que desde la PGR se cometen arbitrariedades desde antes del 2018, cuando impidió que abogados presentaran recursos a los procesos arbitrarios de otorgamiento de solvencias de revisión y reposición.

“Este control que se cierne sobre los registros afecta un elemento importante como es la economía, ya que las sociedades anónimas, el registro de representantes de las diferentes empresas estará concretado en un ente represor como es la PGR y en particular la señora Wendy Morales y a supeditar el desarrollo de las empresas a un elemento político y en consecuencia existe una amenaza real, tanto a las propiedades, a las inversiones, como el desarrollo de todas las empresas”, advierte Guadamuz.

Detalló que la PGR desde antes del 2018, cuando se dio el alzamiento popular, implementa una política de inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra al emitir solvencias a diferentes personas sobre una misma propiedad, “lo que además de ser un acto de corrupción, ha convertido la propiedad en un instrumento político de los Ortega-Murillo”.

Mientras que la opositora Dora María Téllez advierte que de por sí el Registro ya era “oscuro”, con la reforma ahora quedó como propiedad de la familia de los Ortega-Murillo.

“Le quitaron al Sistema Judicial los registros de propiedad. Ahora la “presidencia” tendrá en la mano, sin observadores, el traspaso de propiedades incautadas a los narcos y demás propiedades conseguidas a la brava”, señaló Téllez, quien añadió que en algún momento saldrá a luz el trasiego de propiedades.