La Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia queda acéfala en la descomunal "barrida" ordenada por Rosario Murillo

La inédita crisis en la Corte Suprema de Justicia que se ha gestado en El Carmen, bajo las órdenes expresas de Rosario Murillo, alcanzó a la directora de la Inspectoría Judicial, Esperanza Fonseca Padilla.

La funcionaria se suma a una lista de al menos 300 funcionarios del Poder Judicial despedidos y desalojados con custodia policial de sus oficinas, según datos obtenidos por el abogado Yader Morazán, extrabajador judicial que desde el exilio denuncia los vaivenes de la institución.

"Después de recibir más de 300 nombres de personas despedidas dentro del Poder Judicial ya perdí el interés de compartir sus datos uno a uno. A partir de este momento, solo hablaré de casos simbólicos y manejaré cifras globales que eso está que empieza", escribió Morazán en un tuit.

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En la sede de la institución la acción es supervisada por el comisionado en retiro Horacio Rocha, en quien Daniel Ortega ha confiado su seguridad y, últimamente, cumple como el hombre que echa a los sandinistas purgados del círculo de poder.

De acuerdo con una fuente judicial, ente los últimos funcionarios que han pasado por el "vergonzoso" proceso de despido, que incluye un extenso interrogatorio es Esperanza Fonseca Padilla: "Fue separada de su cargo después de ser entrevistada por la Policía. Lo que sabe es que, se fue en la barrida ordenada por Murillo en todas las áreas del Poder Judicial". La Inspectoría Judicial de la CSJ quedó acefála.

SIN LIQUIDACIÓN Y VETADA

Fonseca fue destituida de su cargo tras la caída de los magistrados Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián Castellón. Según la fuente, además de pasar por el interrogatorio de los policías vestidos de civil que tomaron el control de la Corte Suprema de Justicia, "le quitaron su celular y al igual que el  resto de funcionarios que han apartado de su cargos. Además, se fue sin su liquidación y adevertida de que queda vetada, no va a poder volver a optar a cargos públicos"  aseguró.

La  Inspectoría Judicial es el área encargada de instruir las quejas presentadas en  contra de los magistrados de los Tribunales de Apelación, jueces, secretarios, registradores públicos y  otros funcionarios judiciales regidos por la Ley de Carrera Judicial.

DESPIDOS EN LOS JUZGADOS

Esta semana los despidos se extendieron a Juzgados . En el caso de Matagalpa, Morazan asegura que el magistrado Frank Rodríguez, "quien tiene a toda su familia laborando", es quien notifica los despidos de jueces y demás personal, incluidos, dice, paramilitares que habían conseguido cargos. "¿Qué arrastrado pondrán en sus puestos? Bien o mal, muchos han recibido años de estudios superiores y preparación", cuestionó el exfuncionario.

"Ya bajaron a los departamentos a despedir sin prestaciones sociales, indemnizaciones ni acuerdos del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. ¡Van por más victorias!", agregó Morazán.

Los despidos comenzaron el pasado martes 24 de octubre con la caída de la presidenta de CSJ, la magistrada Alba Luz Ramos. En la víspera, la Policía desplegó un operativo para tomar el control del sistema informático y administrativo de la Corte. Como parte de esto fueron despedidos y trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, la llamada cárcel El Chipote de Managua, el secretario general administrativo, Berman Martínez, y el director de tecnologías, Martín García.

En paralelo han sido despedidos desde cuadros directivos del círculo de allegados a la magistrada Ramos, incluida toda su parente que ostentaba cargos en el Poder Judicial.

Entre los funcionarios despedidos más sonados esta semana están las magistradas magistradas sandinistas Martha Quezada y Martha Leiva, el juez Albelardo Alvir, el asesor Raití Morales, el oficial mayor de la Corte, Gerald Areas, así como el juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Sandro Francisco Pereira Chévez.

Otra fuente judicial, dijo esta semana que se espera que los magistrados Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián "presenten sus cartas de renuncia ante la Asamblea Nacional para tratar de legitimar sus deshonrosos despidos, como ya se hizo con la exmagistrada Ileana Pérez el año pasado”.

Hasta finales de octubre, la Corte Suprema operaba con diez magistrados: Alba Luz Ramos (destituida), Marvin Aguilar (nuevo presidente en funciones), Juana Méndez Pérez, Armengol Cuadra López, Yadira Centeno González (destituida), Gerardo Arce Castaño, Armando Juárez López y Ellen Joy Lewis Down, todos del partido Frente Sandinista (FSLN), así como los liberales Manuel Martínez Sevilla y Virgilio Gurdián Castellón (destituido).

Expertos han señalado que lo que se vive en la Corte es un “golpe de Estado”. Las destituciones de facto en el Poder Judicial llegan tras despidos en la Policía Orteguista. En la oposición consideran que todo esto es parte de un plan de Murillo para imponer a sus fichas en instituciones claves del régimen ante una eventual sucesión dinástica.