Relatoras de la ONU demandan la liberación de monseñor Rolando Álvarez

La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la libertad de expresión, Irene Khan, y su homóloga para la libertad religiosa, Nazila Ghanea, demandaron la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a más de 26 años de cárcel. 

Las relatoras expresaron su "profunda preocupación" por la situación que vive el obispo de la Diócesis de Matagalpa quien se encuentra en un régimen de aislamiento y en condiciones de detención que contravienen gravemente las Reglas Nelson Mandela.

“Monseñor Álvarez se ha destacado, desde los Diálogos Nacionales de 2018, por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses”, destacaron y señalaron que Álvarez se encuentra en condición de detenido desde agosto del 2022 .

"Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de acoso contra miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses", manifestaron.

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Khan y Nazila consideran que el régimen Ortega-Murillo debe “liberar inmediata e incondicionalmente a monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o de creencias en el país”.

Monseñor Álvarez es el único religioso que permanece en la cárcel. El pasado 18 de octubre el régimen de Daniel Ortega excarceló a los otros 12 sacerdotes católicos que estaban detenidos y los desterró a Roma, de común acuerdo con la Santa Sede.

RESTRICCIONES A LAS LIBERTAD RELIGIOSA EN NICARAGUA

En el comunicado conjunto, comparten que el pasado 2 de agosto enviaron una comunicación oficial a las autoridades de Nicaragua para expresar su “grave preocupación por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o de creencias” y el acoso a las organizaciones religiosas de Nicaragua. 

Observaron que las medidas represivas que el régimen ha impuesto en Nicaragua incluyen el arresto y detención arbitrarios de miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas; su deportación forzosa y prohibiciones arbitrarias de entrada al país.

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Además, la criminalización de sus actividades pastorales; prohibiciones de realizar ceremonias religiosas; acoso policial en sus hogares o lugares de culto; el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones pertenecientes a grupos religiosos, así como la confiscación de sus bienes.

En agosto pasado Ortega confiscó y canceló la personería jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA)