Aumenta a 91 la cantidad de presos políticos: siguen los juicios en los penales y las mujeres fueron enviadas a aislamiento

La represión del régimen de Daniel Ortega contra sus opositores en Nicaragua no para. La cantidad de presos políticos ya asciende a 91, según la última actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que denuncia “dramáticas condiciones carcelarias y graves violaciones a los derechos humanos”.

En agosto pasado, el organismo contabilizaba 89 presos políticos incluidos seis sacerdotes de los 12 que fueron excarcelados y desterrados hacia el Vaticano el pasado 18 de octubre por la dictadura. En el último conteo se sumaron ocho personas más que el Mecanismo reconoció como presos políticos, de ellas una fue detenida en abril, dos en agosto y una en junio, julio, septiembre y octubre, respectivamente.

De los 91 detenidos 64 son hombres y 17 mujeres, la mayoría son personas económicamente activas, lo que provoca impactos directos en la calidad de vida de las familias y sus hogares “ya que en la mayoría de los casos, estas personas representan la cabeza de familia”. 

Nueve de los detenidos son adultos mayores en vulnerabilidad por las "condiciones infrahumanas a las que están expuestas”.

El Mecanismo reporta una tendencia en el aumento de presos políticos producto de una escalada de represión luego de la excarcelación y destierro de los 222 presos políticos cuando quedaron en las celdas 37 presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez. 

La Policía no solo arresta sino que también presiona y amenaza a la familia para que no denuncie la detención, además continúa realizando visitas de control a las viviendas de las familias con el propósito de hostigar y vigilar la vida de las personas. Esto genera temor entre los ciudadanos “a que las condiciones de sus seres queridos detenidos empeoren, que su salud se deteriore y la amenaza inminente de ser desterrados, así como la posible confiscación de sus bienes”.

JUICIOS EN LOS PENALES

Entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre se registraron 24 detenciones arbitrarias “por posibles motivaciones de persecución política". Quince personas fueron liberadas y otras nueve continúan en la cárcel.

LEA TAMBIÉN: El director de la Cruz Blanca fue el responsable de los despidos masivos de médicos durante la pandemia

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, la dictadura continúa con la “modalidad” de realizar juicios dentro de los penales y que las audiencias se realizan por videoconferencias “negándoles el derecho a un abogado defensor de su elección y confianza”. 

“Se ha registrado un incremento en detenciones arbitrarias exprés, en su mayoría son ejecutadas por personas vestidas de civil y en camionetas blancas no identificadas como Policía Nacional y negando a las familias información sobre su paradero”, advierte el Mecanismo.

Las presas políticas que iniciaron en agosto una huelga de hambre demandando mejores condiciones carcelarias tuvieron que suspenderla “para preservar su ya vulnerada salud”.

“Las demandas no han sido atendidas y, en su lugar, se les ha impuesto el castigo del aislamiento”, y en celdas con condiciones de insalubridad, con un mayor aislamiento que las anteriores y se desconoce su estado de salud.