CIDH: el cierre de más de 3.000 oenegés profundiza la crisis en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la crisis de derechos humanos en Nicaragua “continúa profundizándose”, por el incumplimiento sistemático del Estado de Nicaragua a sus obligaciones internacionales. Asimismo, señala que en el país no existen condiciones para que la “sociedad civil participe de la vida social y política de manera libre y segura”.

La CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del que Nicaragua dejará de ser miembro el próximo 19 de noviembre, presentó un informe denominado: "Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua", en el que denuncia la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018.

Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ilegalizado a 3,390 organizaciones de un total de 7,227 registradas legalmente en el país en 2018, según la base de datos del organismo.

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Además, recoge que en el 2023 al menos 48 organismos solicitaron la disolución voluntaria con la finalidad de poder determinar el futuro de sus bienes y, de este modo, evitar que sean confiscados o expropiados por el Estado.

“En Nicaragua, el espacio cívico se encuentra cerrado. No existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente y prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al Gobierno mediante la imposición de un estado policial”, señala el informe publicado este jueves.

SUSPENSIÓN DE FACTO

La CIDH denunció que la dictadura Ortega-Murillo han suspendido de facto todos los derechos y libertades fundamentales en Nicaragua para evitar cualquier tipo de manifestación popular.

Además, identifica patrones de criminalización como la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de las protestas y manifestaciones sociales, la persecución selectiva de toda persona que cuestiona al régimen en cualquier ámbito de participación cívica y social, incluyendo el religioso, e implementa el destierro o expulsión forzada. 

Destaca que el caso de Nicaragua es uno de los “más graves observados en la región”  y que se enmarca en una crisis de derechos humanos. El cierre de estas organizaciones además de afectar los derechos humanos de las personas que la integran, ha ocasionado un impacto incuantificable en la población en general. 

El informe señala que el espacio cívico y democrático se ha cerrado en Nicaragua y que a partir del 2022, la CIDH “constató la intensificación de medidas para debilitar a la sociedad civil en Nicaragua” como la desarticulación de movimientos sociales y medios de comunicación, y la persecución selectiva de la Iglesia católica. 

CONCENTRACIÓN DEL PODER

La CIDH detalla que las restricciones contra la libertad de asociación y otros derechos, así como el cierre del espacio cívico, “han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo”, donde no existen los “límites y contrapesos al ejercicio del poder". 

Un reflejo de la falta de contrapesos es que la Asamblea Nacional ha aprobado de forma expedita un conjunto de leyes y reformas “que imponen estrictos regímenes de control y vigilancia” para presionar e intimidar a la sociedad civil organizada. 

“La falta de independencia del Poder Judicial ha tornado ilusorios e ineficaces los recursos judiciales disponibles para combatir actos de autoridad que, en la implementación de estas leyes y medidas administrativas, vulneran los derechos humanos de la sociedad civil”, advierte el informe. 

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La escalada represiva ha dejado como consecuencia el exilio de decenas de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y las que se mantienen trabajando en el país, a pesar de la cancelación de las personería jurídica y lo hacen “en la clandestinidad, en un clima de miedo, persecución y autocensura”.

La CIDH hizo al menos 10 recomendaciones a la dictadura entre las que se encuentra el cese de la persecución y represión contra todas las personas consideradas opositoras; dejar sin efecto todas las cancelaciones de personerías jurídicas; cesar la persecución contra la Iglesia católica y garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación, entre otras.