Cierre de oenegés ha dejado más de 23 mil desempleados y 3.4 millones de personas desatendidas en Nicaragua

La arremetida del régimen contra las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua ha dejado a más de 23 mil personas desempleadas, 3.4 millones de personas desatenidas y la pérdida de al menos 255 millones de dólares para la ejecución de proyectos de desarrollo cada año, según datos de la Fundación del Río que ha documentado la cancelación masiva de oenegés en el país.

“Este cierre masivo de las organizaciones ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de nuestra sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y retorno a la democracia”, explicó Amaru Ruiz, durante la presentación del informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además de las cancelaciones, el régimen ha ocupado las instalaciones de las organizaciones, ha congelado sus cuentas bancarias y ha criminalziado a sus integrantes.

Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ilegalizado a 3,390 organizaciones de un total de 7,227 registradas legalmente en el país en 2018, según la base de datos del organismo.

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El Ministerio de Gobernación alega en las resoluciones de cancelación, que estos organismos inclumplen sus deberes al no presentar informes de sus actividades, pero en la práctica cuando acuden a presentarla, no la reciben o no dan acuse de recibido.

MAYORÍA DE OENEGÉS EXTRANJERAS ERAN DE EE. UU

De las 3,390 organizaciones canceladas, 3,068 eran nicaragüenses y 322 extranjeras, de estas la mayor parte de entidades afectadas son originarias de Estados Unidos (146) y España (39), seguidas por Italia (23), Costa Rica (15) y Alemania (13).

Entre febrero y septiembre del 2022, la Asamblea Nacional dominada por el orteguismo canceló unas 1.447 organizaciones a través de 19 decretos y que en total en la base de datos de la CIDH indica que “1.546 fueron disueltas por el Legislativo en un periodo de cinco años”.

“En el año 2022, el patrón de cancelación de organizaciones civiles se intensificó”, advierte el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que el 19 de noviembre abandonará Nicaragua luego de cumplirse dos años de que renunció la Carta del organismo. 

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El informe señala que, en Nicaragua, “la vida asociativa ha sufrido un drástico deterioro como parte del proceso de concentración del poder en el Ejecutivo” y que luego de las protestas de abril del 2918, la dictadura utiliza el aparato estatal arbitrariamente para “cooptar y controlar los espacios que ocupa la sociedad civil en un claro esfuerzo por anular cualquier forma de contrapeso al ejercicio del poder”.

La estrategia represiva del régimen incluye medidas restrictivas al derecho de asociación que, bajo la apariencia de legalidad, impactan en las organizaciones como la exigencia de requisitos administrativos gravosos para el registro e inscripción de las asociaciones; la limitación de sus medios de financiamiento; la imposición de esquemas excesivos de supervisión; y la cancelación sin las garantías del debido proceso.