Inconformidad e impotencia entre empleados públicos por mega recortes en las liquidaciones laborales  

La nueva “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, aprobada por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua no ha caído bien entre miles de empleados públicos que verán reducidas sus liquidaciones a partir de hoy. Hay rabia, pero también impotencia porque saben que alzar su voz en contra de lo que consideran una “injusticia” les costaría el puesto de trabajo.

“Janeth” es una docente que lleva nueve años dando clases en una escuela primaria de Carazo, pero ha dedicado su vida al magisterio. En el año 2016 renunció a su trabajo por motivos de salud y se reincorporó en el año 2018. Ahora tiene 51 años de edad. Si ayer hubiera renunciado a su cargo, con un salario de 11.500 córdobas, le habría correspondido cobrar cerca de 50 mil córdobas de liquidación aproximadamente.

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La reforma aprobada por la dictadura establece que los trabajadores que tengan de 3 a 10 años de antigüedad apenas obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria. Si la profesora Janeth se retira hoy, apenas cobraría 11.500 córdobas, en caso que no sea proporciona, y se lo está pensando.  

“Aquí hay mucho malestar y lo peor es que si protestamos, aunque sea al jefe inmediato nos pueden hasta correr y nos vamos sin nada, pero creo que en mi caso es preferible salir ya y no esperar la vejez aquí por una liquidación que ya no vale la pena”, lamenta la docente. 

AMENAZAS CON DESPIDOS SI PROTESTAN

La legislación anterior establecía un mes de salario en concepto de liquidación por cada uno de los tres primeros años trabajados y 20 días de salario por el cuarto y quinto año trabajado.

DESPACHO 505 habló con trabajadores del Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Minsa y de alcaldías locales que han manifestado bajo anonimato su desacuerdo con esta medida.  

“Es una salvajada, no se limitaron en nada. Prácticamente te quieren obligar a quedarte toda la vida hasta la jubilación o te vas sin nada”, dice un trabajador de la central del MTI, en Managua.  

Algunos trabajadores se han mostrado inconformes, pero pocos sorprendidos, puesto que dicen que los despidos en el Estado sin derecho a liquidación son una práctica silenciosa de vieja data y de la que poco se habla. 

“Aquí lo que queda es migrar ya quedarse no es una opción, no vale la pena y ya prácticamente nos dijeron que el que se queje se puede ir”, dice una enfermera del Hospital Antonio Lenín Fonseca.

¿QUÉ DICE LA NUEVA LEY? 

La nueva “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado” establece una tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo.

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Los trabajadores que tengan de 3 a 10 años obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria. En tanto, quienes acumulen de 10 a 15 años cobrarán el equivalente a 2 meses de su sueldo. En el caso de los que acumulen de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá 3 meses de sueldo como liquidación. Cobrarán cinco meses de sueldo solo aquellos que trabajen 20 años continuos para el sector público.

“La indemnización por antigüedad en caso de renuncia no es aplicable para los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar cargos por nombramiento del presidente de la República”, señala la nueva Ley.

Es decir, los altos funcionarios designados por el dictador tendrán privilegios. No así profesores, médicos, enfermeras, personal administrativo de rango bajo o medio de las instituciones del Estado.

La normativa sí es aplicable a los trabajadores del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.