Casa Alianza opta por la "disolución voluntaria" para evitar la confiscación del régimen

El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de 15 organismos sin fines de lucro: cinco por supuesto “incumplimiento” de las leyes y diez por “disolución voluntaria”, entre las que se encuentra la Asociación Casa Alianza Nicaragua (Casa Alianza), según dos acuerdos ministeriales publicados este 27 de noviembre en la Gaceta Diario Oficial.

La “disolución voluntaria” de las diez organizaciones aparece en el acuerdo ministerial 114-2023 firmado por la titular de Gobernación María Amelia Coronel, quien ordena la cancelación del Registro y número perpetuo asignado a los organismos.

El mecanismo se ha convertido en una vía con la que los organismos evitan la confiscación de sus bienes en Nicaragua.  

CASA ALIANZA OPERABA DE 1998

La personalidad jurídica de la Asociación Casa Alianza Nicaragua fue otorgada mediante el Decreto 1955, publicado en Gaceta Diario Oficial del 29 de julio de 1998. Según se indica en La Gaceta, solicitó la disolución voluntaria mediante Escritura número 53 el cuatro de julio de 2023.

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En octubre del 2020, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez ordenó el cierre de dos centros de protección infantil que manejaba Casa Alianza Nicaragua donde albergaba a niños, niñas y adolescentes víctimas de abandono y diversos tipos de abusos. 

La decisión supuestamente la tomó el Ministerio de la Familia, ya que durante una supervisión supuestamente constataron que la organización había recibido a madres adolescentes y a sus bebés sin medidas de protección especial autorizadas por la institución.

LAS QUE SOLICITARON LA "DISOLUCIÓN VOLUNTARIA"

Junto a Casa Alianza también solicitaron la disolución voluntaria la Asociación Congregación Hermanas Nuestra Señora Perpetuo Socorro (HNSPS); la Fundación Manos de Amor (Funamor); la Fundación Destrezas para Salvar Vidas; la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo en Nicaragua; la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social.

También la Asociación Ministerio Evangelístico Infantil Sonrisita de Jesús; la Fundación Nicaragüense para Defensa del Medio Ambiente y Protección de los Recursos Naturales; la Asociación para el Desarrollo Municipal Gregorio Aguilar Barea y Ausburg College.

CANCELADOS Y CONFISCADOS SUS BIENES

Mientras que Gobernación le canceló la personería jurídica y les confiscó sus bienes  a la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica); a la Asociación Ministerio Evangelístico Sanidad, Liberación, Poder y Gloria Isaías 54: 17; a la Asociación Ministerio Restauración Libertando a los Cautivos (AMRLAC); a la Asociación de Iglesia Cristiana Monte de Sion en Nicaragua (AICMNIC) y a la Asociación Ministerio Evangelístico Poder de Dios Pentecostés, a las que acusó de incumplir las leyes que las rigen.

“Ya que no reportaron por períodos de entre 01 hasta 12 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus Juntas Directivas”, señala el acuerdo ministerial 113-2023 publicado este lunes en la Gaceta Diario Oficial. 

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A Funica, la cual funciona desde el 2001 en Nicaragua la señala de no promover políticas de transparencia ya que los saldos declarados del período fiscal 2022 ante la Dirección General de Ingresos (C$20,859,84 7. 76), no coinciden con los saldos reportados a Gobernación en los Estados Financieros 2022 (C$13,472,253.67), existiendo una diferencia de C$7,387,594.09, “lo que les fue notificado desde el 12/04/2023, sin embargo, a la fecha no presentó las aclaraciones solicitadas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reciente estudio denominado: «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua« dio a conocer que entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ilegalizado a 3,390 organizaciones de un total de 7,227 registradas legalmente en el país en 2018, lo cual considera el organismo que profundiza la crisis de derechos humanos que vive el país y agrega que no existen condiciones para que la “sociedad civil participe de la vida social y política de manera libre y segura”.