Manoseo a la Constitución y leyes represivas, el balance del 2023 de la Asamblea Orteguista

La Asamblea Nacional, dominada por el dictador Daniel Ortega, cerró este jueves la XXXIX legislatura con la aprobación de 38 leyes, cuatro de ellas reformas parciales a la Constitución Política, incluido el artículo 21 que despoja de la nacionalidad a los nicaragüense sentenciados por traición a la patria.

La reforma del artículo 21 en primera legislatura, señala que "los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense", fue aprobada de forma exprés el pasado 9 de febrero de 2023, después que el régimen Ortega-Murillo desterrara a 222 presos políticos, entre líderes opositores, periodistas, sacerdotes y críticos del régimen.

La bancada sandinista justificó que la reforma de este artículo estaba motivado, porque los opositores al régimen habían sido condenados por violar la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos de Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz y eran considerados traidores a la patria.

A pesar de que la reforma fue aprobada en primera legislatura, la dictadura desnacionalizó a 317 nicaragüenses, incluyendo al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años de cárcel, en un juicio ficticio bajo cargo de traición a la patria y propagación de noticias falsas.

Monseñor Álvarez se encuentra recluido en una celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua.

POLICÍA SOMETIDA A ORTEGA

La segunda reforma aprobada por la Asamblea Nacional en julio pasado, fue para quitarle a la Policía Orteguista en la ley su naturaleza "profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante" y para imponer sanciones de cárcel a los desertores y desobedientes.

Ortega ha utilizado a la Policía como su brazo represor y para realizar espionaje contra los nicaragüenses, especialmente para vigilar a la Iglesia Católica. La medida fue aprobada para mantener sometida a la institución policial y condenar con cárcel a los que quieren desertar.

La tercera reforma a la Carta Magna, ocurrió el 31 de octubre, después de que el dictador interviniera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), separa de su cargo a la presidenta Alba Luz Ramos, e iniciara procesos judiciales contra la presidenta del Poder Judicial y los magistrados Yadira Centeno, Virgilio Gurdián.

Ortega inició una cacería en el Poder Judicial, en contra de unos mil funcionarios, entre magistrados, jueces y funcionarios públicos por supuestas acusaciones de corrupción, tráfico de influencia y nepotismo.

En la reforma, los diputados le quitaron la facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y se los pasaron a la Procuraduría General de la República (PGR), convirtiendo al abogado del Estado en juez y parte en materia de propiedad privada.

En la cuarta reforma constitucional, aprobada el 23 de noviembre, junto a una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ortega eliminó el 4% del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial, debilitando de esa manera la capacidad de este Poder.

OTRAS LEYES APROBADAS

Otras de las reformas aprobadas por la dictadura fue la Ley 89 o Ley de Autonomía Universitaria para quitarle al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la administración del 6%, que pasa bajo el control del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

También incorpora al CNU a la recién creada Universidad Casimiro Sotelo y elimina la figura de decano y las facultades en las universidades públicas. Expertos, han considerado que esta reforma es una aniquilación de la autonomía universitaria.

En el resumen presentado por la primera vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea Nacional, Arling Alonso, señala que en el 2023 se aprobaron 38 leyes y 36 decretos legislativos, durante 26 sesiones plenarias, de las cuales 23 fueron ordinarias, 2 solemnes y 1 especial.

Entre los decretos aprobados, destacan la autorización de ingreso a Nicaragua de tropas, naves y aviones militares de Rusia, Cuba, Venezuela y Estados Unidos, otro sobre el conflicto Israel-Palestina, y el que ratifica un Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y la República Popular China.