"En otros países los fusilan", dice Gustavo Porras sobre apátridas

El presidente de la Asamblea Orteguista, Gustavo Porras, dijo que en otros países "fusilan" a los ciudadanos condenados por traición a la patria y que en su país, desde febrero pasado cuando reformaron la Constitución y aprobaron una ley especial, los despojan de su nacionalidad.

"Alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense, es lo menos", expuso Porras ante el pleno durante la sesión solemne de clausura del 39 período legislativo.

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Porras recordó que el 9 de febrero pasado, el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos 222 presos nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes y críticos al régimen Daniel Ortega, aprobaron en primera legislatura una reforma a la Carta Maga que establece que "los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".

No obstante, pese a ser despojados de su nacionalidad y previo a ser expulsados, la dictadura sandinista les entregó pasaportes nicaragüenses con vigencia de 10 años a los 222 excarcelados políticos, de acuerdo con los mismos opositores y Washington.

Aunque Porras indicó que para ser desnacionalizados tiene que existir sentencia firme por el delito de traición a la patria, las autoridades retiraron posteriormente la nacionalidad a otras 94 personas opositoras y críticas con el Gobierno de Ortega sin haber sido juzgadas.

Porras justificó el retiro de la nacionalidad a 317 naturales de Nicaragua bajo el argumento -aunque no presentó pruebas- de que "destruyeron el país, que renegaron de ser nicaragüenses, que se entregaron a los brazos de los enemigos y del imperio, que hicieron traición a la patria".

En su discurso, el presidente de la Asamblea reiteró que por despojar de la nacionalidad "seguro que somos antidemocráticos, que somos cualquier cosa, pero hay países, de esos muy democráticos, que los fusilan".

"Nosotros simplemente (le decimos): mirá, no podes ser nicaragüense, andate, vivís renegando, andate", agregó.

Quitaron facultades al Poder Judicial

Sobre las enmiendas a la Constitución y a la Ley de la Policía Nacional, en la que eliminan la naturaleza "profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante" de este cuerpo, y sanciona con cárcel a los oficiales desertores y desobedientes, el legislador reveló que los jefes de la policía "estuvieron de acuerdo" y calificó de "importantísima" esa reforma.

También justificó un cambio a la Carta Magna en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, y otra que elimina el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.-

La presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, fue la gran ausente a la sesión solemne del Parlamento.

En su informe, Porras señaló además que cerraron universidades privadas "de mentiras" o de "garaje", aunque no mencionó nombre, y crearon tres universidades estatales "para absorber a aquellas universidades privadas que simplemente eran negocios".

También que cancelaron organizaciones no gubernamentales (ONG), y aclaró que "no tenemos nada en contra de las asociaciones sin fines de lucro, pero no estamos de acuerdo con las que hacen negocios" y que era necesario depurar.

Asimismo, destacó que aprobaron una Ley que crea la Cruz Blanca y otra con la que se disuelve la nueva "Cruz Roja Nicaragüense", la que sería sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, que clausuraron vía ley.

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Además, Porras calificó de "correcto" una ley que reduce la indemnización por antigüedad a los trabajadores del Estado en caso de renuncia, y aseguró que no están en contra de los empleados públicos.

En su discurso, el titular del Parlamento afirmó que en ese poder del Estado "simplemente cumplimos con la orientación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del presidente comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario Murillo y la del pueblo nicaragüense".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.