2023: el entierro de los derechos humanos en Nicaragua

El año que está por finalizar es el quinto bajo un régimen autoritario en Nicaragua. El obligado balance anual lleva a concluir que este 2023 es el peor del lustro más oscuro de la historia del país, que comenzó en 2018 marcado por la sangrienta represión armada que ordenaron Daniel Ortega y Rosario Murillo y que se saldó con más de 300 crímenes impunes.

Analistas dicen a DESPACHO 505 que el país termina el año con una consecución de abusos con los que el régimen Ortega-Murillo enterró los derechos humanos en Nicaragua, que se ha convertido en un país donde parece que nunca se toca fondo.

En febrero 222 presos políticos fueron excarcelados y desterrados de Nicaragua, una acción sin precedentes en la historia del país, la antesala de la institucionalización del apatridismo como método de cástigo político por parte de la dictadura. Los primeros declarados apátridas fueron 94 ciudadanos a los que, además, les confiscaron sus bienes.

En ese mismo contexto fue declarado culpable de traición a la patria el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y condenado a más de 26 años de cárcel. Este hecho dio pauta a la profundización de la persecución a la Iglesia católica y a la política de acoso, hostigamiento, prohibiciones de celebraciones religiosas y detenciones arbitrarias.

“Son diversos los hechos que configuran este año como uno de los peores en materia de derechos humanos”, dice Juan Carlos Arce, activista nicaragüense y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más que funciona desde el exilio.

Para Arce, el despojo de la nacionalidad viola todos los derechos contenidos en la Declaración Universal y en los diversos convenios que Nicaragua ha suscrito y ratificado en materia de derechos humanos. Agrega que en el 2023 se agravó la persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas y contra la Iglesia católica. 

“Estamos hablando de un régimen que utiliza todos los medios del Estado y ha configurado una política de Estado para perseguir y para violar los derechos humanos”, añade Arce. 

LEA TAMBIÉN: Golpe a los artistas: la dictadura les receta impuestos y se quedará con el pago por eventos internacionales que los beneficiaba

Arce explica que en el 2023 el régimen ha desconocido sus responsabilidades en el tema de derechos humanos frente a todos los mecanismos defensores: “Frente a esta situación es necesario una mayor contundencia y coherencia de la comunidad internacional que no ha actuado en correspondencia con el nivel de represión contra la población nicaragüense”. El defensor tiene la esperanza de en 2024 la comunidad internacional dé pasos continentes de cara al restablecimiento de la democracia.

EN NICARAGUA CADA AÑO SE PROFUNDIZA EL SUFRIMIENTO

El 18 de diciembre pasado, Nada Al-Nashif Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la última actualización oral sobre la situación de Nicaragua reiteró que el país continúa negándose a colaborar con su oficina y agregó que “cada día el país se desvía aún más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de jóvenes y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas”. 

“Hago un llamado a Nicaragua para que revierta inmediatamente este rumbo y lleve a cabo un cambio fundamental para el interés de su pueblo, sustentado en los derechos humanos”, exhortó la funcionaria de la ONU. 

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha parado en las detenciones de personas que percibe como opositoras y según organismos de derechos humanos ha puesto en marcha una especie de puerta giratoria ya que liberó a los 222 presos políticos, pero continúa encarcelando nicaragüenses. Hasta octubre el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas sumaba 91, pero el número puede ser mayor. 

A eso hay que sumarle cinco reformas a la Constitución Política, las cuales, a pesar de no estar vigentes, han sido utilizadas para tratar de legalizar la desnaturalización de los nicaragüenses y reforzar la política de persecución. 

LEA TAMBIÉN: Francia retiene un avión con destino a Nicaragua, con 300 ciudadanos de la India a bordo, por sospecha de tráfico de personas

El régimen de los Ortega -Murillo en el 2023 enfiló sus ataques contra la Iglesia católica tras enviar al obispo Álvarez a una celda de castigo del penal conocido como La Modelo, el de máxima seguridad del país. En octubre, desterró a  Roma a 12 sacerdotes que, por distintas causas fueron procesados por el régimen y guardaban prisión.

Días antes de celebrar la Navidad el régimen mandó a capturar al obispo de Siuna, monseñor Isidoro del Carmen Mora, luego de que explicara que oraba por la situación de monseñor Álvarez, su hermano en el episcopado. 

ORTEGA PUSO EN PRÁCTICA EL DESTIERRO COMO MÉTODO DE REPRESIÓN

Uriel Pineda especialista en derechos humanos coincide en que la excarcelación y el destierro de los 222 presos políticos fue un hecho agridulce ya que por un lado se puso fin a las duras condiciones carcelarias a las que estaban sometidos, pero por otro fueron obligados a abandonar el país y además les confiscaron sus bienes.

“Ortega se estrenó con una forma de represión como es el desplazamiento forzado si bien ya se daba un éxodo masivo de nicaragüenses, ahora ya no es la gente huyendo de la represión sino el régimen por propia mano expulsando a gente de su territorio lo que es un crimen de lesa humanidad”, expone el activista de derechos humanos.

Pineda es uno de las 94 personas despojadas de su nacionalidad por el régimen y conoce de primera mano lo que tienen que pasar los nicaragüenses víctimas de ese método represivo.

Otro golpe a los derechos humanos, aunque en el ámbito político fue la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), una instancia que en los últimos años denunció las violaciones que comete el régimen y demandó que Nicaragua retomará el rumbo democrático.

LEA TAMBIÉN: La Asamblea Orteguista crea ley que subordina el Ministerio de Gobernación a la Policía 

Ortega también continúa menoscabando el derecho de los nicaragüenses a una educación de calidad, ya que en agosto de este año acusó a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de ser un “centro de terrorismo” y procedió a confiscar sus bienes. Un mes después en septiembre cerró la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y también se quedó con sus instalaciones valoradas en 30 millones de dólares. 

“La educación privada que queda básicamente tiene algún vínculo con el gobierno y está naturalmente busca cómo evitar cualquier situación incómoda, de manera que la esencia misma de la libertad de cátedra se ve afectada”, expone Pineda. 

Un elemento positivo que ve Pineda es que este año la ONU extendió el mandato del grupo de expertos ya que continuarán documentando y sistematizando las violaciones a los derechos humanos. 

“La extensión de este mandato que se hizo en el segundo trimestre es muy positiva para la situación de Nicaragua ya que representa una garantía en el ejercicio de documentación”, señala Pineda.