España otorga asilo político a 837 nicaragüenses y aumentan las solicitudes en 2023 

España otorgó protección internacional a 837 nicaragüenses en 2023, lo que representa un aumento del 81% en las resoluciones favorables respecto a 2022, cuando fueron aprobadas 461 peticiones de asilo, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. 

La cantidad de asilos aprobados a nicaragüenses aumenta a 3.080 desde el inicio de la crisis desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega en el 2018. Los casos aprobados y analizados repuntaron en el último trimestre del año, ya que entre enero y septiembre de 2023 habían 371 asilos aprobados.  

En total, España recibió 2.759 solicitudes de asilo de nicaragüenses, lo que representa un aumento del 30% respecto al 2022 cuando se recibieron 2.118 peticiones. Los datos, aunque evidencian el aumento de la migración, son un subregistro, puesto que hay personas que llegan y no han logrado procesar su solicitud debido a la sobrecarga de trabajo en las oficinas de Extranjería.

MÁS DE 8 MIL NICAS ESPERAN RESOLUCIÓN

Desde el inicio de la crisis sociopolítica del año 2018, las oficinas de Extranjería en España han recibido un total de 19.848 peticiones de asilo de nicaragüenses.   

Sin embargo, la gran mayoría reciben una resolución desfavorable. Entre 2018 y 2022, a un total de 7.829 nicaragüenses se les negó el asilo en España por no sustentar efectivamente sus casos.   

En promedio, 72 de cada 100 peticiones analizadas han recibido una resolución desfavorable. Hasta el 31 de diciembre de 2023, había 8.276 casos pendientes de resolución y 663 expedientes archivados.  

El beneficio de asilo político en España permite a las personas que lo reciben obtener residencia y permiso de trabajo permanente y la expedición de nuevos documentos de viaje. Los beneficiarios no pueden volver a su país de origen a menos que presenten una solicitud de retorno voluntario.    

Interior explica que los asilados tienen derecho al “acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los españoles”.