Asamblea Nacional ratificará, de manera exprés, las cinco reformas a la Constitución que aprobó en el 2023

La Asamblea Nacional tiene previsto ratificar el próximo 16 de enero, en segunda legislatura, las cinco reformas a la Constitución Política que aprobó en el 2023 y que a pesar de no estar vigentes fueron implementadas para afianzar el control que ejerce Daniel Ortega en Nicaragua.

Las cinco reformas constitucionales aprobada por el Parlamento en el 2023 fueron: al artículo 21 para desnacionalizar a opositores nicaragüense; el artículo 97, para someter a la Policía al dictador Daniel Ortega; el artículo 165 para quitarle al Poder Judicial el control del Registro Público y pasarlo a manos de Ortega. También reformaron, el artículo 159, para quitarle el 4% del Presupuesto General de la República al Poder Judicial; y al artículo 138, para quitarle facultades al Procurador y Subprocurador de derechos humanos y someterlo al Ejecutivo.

Ninguna de estas reformas fueron consultadas, ni analizadas por alguna comisión especial como lo establece la misma Constitución, sino que fueron enviadas y aprobadas con carácter de urgencia. La Constitución señala que dicha comisión es la encargada de dictaminar cualquier cambio a la carta Magna en un plazo no mayor de sesenta días.

OFICINA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

Para el disidente Héctor Mairena, la aprobación es un “mero trámite”, ya que la Asamblea Nacional está controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mairena dice que el Parlamento es la “Oficina de Asuntos Legislativos” de la dictadura donde convierte en leyes las decisiones políticas de Ortega.

“Aunque falta este requisito que ahora están cumpliendo con la aprobación en una segunda vuelta, están (las reformas) siendo aplicadas por los Ortega-Murilo”, expone Mairena. 

Mairena agrega que el régimen ha hecho de la Constitución “un papel mojado” la cual manosea, cambia, ignora o aplica de acuerdo a su conveniencia. Para Mairena cinco reformas a la Constitución en un año “es una barbaridad”.

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El político no descarta que en este 2024 el régimen implemente más reformas a la Constitución Política para adecuarla a sus intereses 

La última reforma enviada por el Ejecutivo fue en el 2014 cuando estableció la reelección indefinida y realizó cambios para controlar a la Policía y al Ejército de Nicaragua.

ANTECEDENTES DE LAS CINCO REFORMAS

La primera reforma aprobada por la Asamblea fue el 9 de febrero después que Ortega desterró a 222 presos políticos, hacia Estados Unidos.

El argumento fue que estaba en concordancia con la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, al considerar que “los traidores a la Patria pierden su calidad de nacional nicaragüense”.

La segunda reforma, aprobada el cinco de julio, sirvió para quitarle el carácter profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante a la Policía y castigar a los desertores. 

La Policía Orteguista es el brazo represor de la dictadura y junto a parapoliciales ejecutaron la llamada Operación Limpieza para desmontar las protestas sociales que dejó un saldo al menos 355 nicaragüenses, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La tercera reforma fue el 31 de octubre cuando modificó el artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua por medio de la cual pasó a la Procuraduría General de la República, el control de los Registros del país.

La cuarta fue el 23 de noviembre cuando se reformó el artículo 159 de la Carta Magna de Nicaragua para quitar la asignación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 4% del Presupuesto General de la República de Nicaragua (PGR). 

La última fue el 24 de noviembre cuando cambiaron parcialmente el artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua para quitarle al Poder Legislativo la facultad de elegir al Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, traspasándolo a la Procuraduría General de la República.