Daniel Ortega busca librarse de las sanciones con el destierro de monseñor Rolando Álvarez

El dictador Daniel Ortega pretende frenar las sanciones internacionales con la expulsión al Vaticano de monseñor Rolando Álvarez y 18 religiosos más, después de lograr un acuerdo con la Santa Sede.

El sociólogo Oscar René Vargas plantea que la excarcelación puede ser un intento de la dictadura para paralizar la imposición de más sanciones, aunque advierte que el tener presos a los religiosos no era “políticamente favorable”, igual a como ocurrió con la excarcelación de los 222 presos políticos en febrero del 2023. 

“Él (Ortega) espera que esto pueda parar las sanciones”, apunta Vargas, quien en febrero fue desterrado a Estados Unidos.

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Mientras que, el excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, cree que las sanciones han hecho mella a la dictadura, y que la expulsión de los religiosos no detendrán las sanciones, “ya que van porque van”.

“Es precisamente en eso que estamos trabajando los opositores nicaragüenses para que las sanciones no se detengan y que más bien aumenten y haya nuevas sanciones”, detalla Chamorro.

UNA IGLESIA SIN VOZ 

Chamorro, quien fue desterrado de Nicaragua y confiscados sus bienes, señaló que entre la dictadura y el Vaticano no hubo diálogo, sino una “extorsión” y que el objetivo es "que los sacerdotes que quedan en Nicaragua no hablen ni una sola palabra relacionada con la política, justicia, paz, dignidad humana, libertad de expresión que no son aprobadas".

"Yo creo que va a continuar la represión contra la iglesia católica”, advierte Chamorro. 

Oscar René Vargas coincide con Chamorro en que Ortega no cambiará su actitud contra la Iglesia católica de Nicaragua, ya que el objetivo es desarticularla.

“Esto hace que los obispos que quedan en el país tengan una presión de mantenerse en silencio”, afirma Vargas. 

El reto de papa Francisco será seleccionar y nombrar a los nuevos obispos que atenderán las diócesis de Matagalpa, Estelí y Siuna.

“De manera indirecta ha dejado que el Vaticano tenga menos posibilidades de nombrar obispos que tengan una posición independiente en relación a la dictadura”, anotó Vargas.

HABÍA PRESIÓN CONTRA ORTEGA

La condena a 26 años de cárcel contra monseñor Rolando Álvarez, y el encarcelamiento de los 18 religiosos había provocado la condena internacional contra el régimen Ortega-Murillo, porque era un “avispero que políticamente no le convenía”, afirma Vargas. 

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A eso se suma que en los primeros días de este año el santo padre había expresado su preocupación por la situación de los religiosos detenidos e invitó a un “diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población”.

“Ortega está claro que el poder fáctico que él no controla es la iglesia católica”, opina Vargas. Ese poder fáctico para el sociólogo lo demuestra la población cuando acude de manera voluntaria a las misas, “entonces Ortega quiere evitar que mañana pueda transformarse en un tsunami social”.

LIBERTAD A MEDIAS

El ex preso político Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad, recibió con alegría la excarcelación de monseñor Álvarez y el resto de sacerdotes, pero aclaró que dicha medida “no debe ser vista como un gesto benévolo por parte de la dictadura sandinista de los Ortega Murillo”.

“Nadie que no pueda vivir en su propia tierra y sea desterrado simplemente por sus ideas o creencias puede llamar a eso libertad”, expresó Maradiaga quien en febrero del 2023 fue desterrado a Estados Unidos junto a 221 presos políticos más por el régimen de los Ortega Murillo.

Agrega que Ortega “pretende que el mundo olvide sus crímenes”, ya que monseñor Álvarez y los otros sacerdotes encarcelados se había convertido en un “peso insostenible para el régimen”. 

“La dictadura quiere que el mundo no preste atención a lo que sucede en Nicaragua”, advierte el político nicaragüense, quien levanta su voz por la liberación de los más de 100 presos políticos que aún permanecen en la cárcel, así como para ver libre a toda Nicaragua, que se ha “convertido en una gran cárcel”.

SIGUEN AMENAZAS CONTRA LA IGLESIA 

La investigadora Martha Patricia Molina, señala que el destierro de los 17 sacerdotes y los dos seminaristas demuestra que existe un canal abierto de comunicación entre el Vaticano y la dictadura de los Ortega-Murillo. 

La autora de la investigación Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, expone que la dictadura a quien tilda de ser un “Estado criminal” ha cosificado al ser humano y lo utiliza como moneda de cambio.  

“El papa Francisco conoce que en las cárceles de Nicaragua se practican mecanismos de tortura, tratos crueles e inhumanos y a la dictadura le urgía deshacerse de los religiosos porque el catolicismo le es incomodo para su proyecto de instauración de una dictadura dinástica”, detalla Molina quien plantea que los religiosos no eran delincuentes pero que la dictadura los criminalizó violentando todos sus derechos humanos. 

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Por eso considera que no existe un diálogo abierto y sincero de parte de los Ortega-Murillo quien solo busca el reconocimiento de la comunidad internacional “como una democracia que respeta el Estado de Derecho y no como una dictadura que comete delitos de lesa humanidad”.

“La diplomacia vaticana está acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones y busca salvar la integridad de los sacerdotes y también garantizar que la Iglesia pueda seguir desarrollando su labor evangelizadora, aunque sea solo con su presencia”, detalla Molina

La investigadora denunció que la Policía Orteguista continúa asediando a varios laicos y amenazándolos, e incluso este lunes tomaron fotos y videos en varias parroquias.

“No sé cómo la dictadura habla de este acercamiento y confianza si continúan asediando a los laicos y sacerdotes todos los días y también están asediando a los fieles y laicos que administran las capillas, les están llegando a hacer ‘visita de cortesía’ para asediarlos”, advirtió Molina.