Cancelan la personería jurídica de nueve oenegés cristianas en Nicaragua

El Ministerio del Interior canceló este martes la personería jurídica de nueve oenegés cristianas de Nicaragua y otras siete optaron por la “disolución voluntaria” para evitar la confiscación de sus bienes.

Esta es la segunda ilegalización de organismos que hace la dictadura a través del Ministerio del Interior en menos de una semana tras la cancelación de cuatro oenegés vinculadas a Taiwán.

A los nueve organismos cancelados hoy, la titular del Ministerio del Interior, María Amelia Coronel los señala de supuestamente incumplir las leyes, obstaculizar el control y vigilancia de esa institución estatal y de no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos. 

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Los bienes de las oenegés canceladas pasarán a manos del Estado de Nicaragua. Se trata de la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá; el Club Campestre de Estelí; la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador.

Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética; la Asociación Niñ@ del Fortín; la Asociación Misioneros de la Compañía de María (Misioneros Montfortinianos); la Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración; la Fundación Societa Dante Alighieri de Nicaragua (Asociación Dante Alighieri) y la Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua. 

ORGANISMOS QUE OPTAN POR LA DISOLUCIÓN VOLUNTARIA

Los siete organismos que solicitaron la disolución voluntaria argumentaron la falta de recursos económicos para continuar funcionando, falta de interés de sus miembros y la migración de la mayoría.  

Estos organismos son: 

1- La Asociación Fraternidad de Vida Evangélica de Misioneros de la Cruz

2-La Asociación Grupo de Profesionales de Apoyo Emocional

3-Asociación Ministerio Matrimonios sobre la Roca

4-Fundación 21 Síndrome de Down Nicaragua

5-Asociación Iglesia el Tabernáculo de David

6-Asociación Iglesia Pentecostal El Redentor

7-The Pulsera Project

En noviembre del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe denominado el “Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua” identificó que 3,390 oenegés de la sociedad civil fueron canceladas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018.

Estas cancelaciones y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018, es considerada como parte de una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales que hacen parte del espacio cívico, y que tendría como fin consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial.