Estados Unidos no está aplicando las sanciones al oro de Nicaragua, revela el Oakland Institute 

Las sanciones de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), que controla el sector de la extracción de oro en Nicaragua, no se están aplicando, por el contrario, la industria ha aumentado radicalmente, revela el Oakland Institute en un informe publicado este jueves.  

En junio de 2022, la Oficina de Control de Activos del Departamento de Estados Unidos Estados Unidos sancionó a Eniminas y su presidente por usar los ingresos del oro “para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua”. En octubre de 2022 también fue sancionada la Dirección General de Minas.

En un nuevo informe titulado “La fiebre del oro de Nicaragua”, el Oakland Institute expone que “el gobierno estadounidense todavía no ha hecho cumplir estas medidas, lo que permite que el sector del oro expanda masivamente y continúe a proveer ingresos importantes al régimen Ortega-Murillo y a los accionistas de las empresas involucradas”. 

Estados Unidos sigue siendo el principal destino del producto e importa un 79 por ciento de todo el oro exportado de Nicaragua. 

El presidente Joe Biden expandió las sanciones por una orden ejecutiva en octubre de 2022, que autorizó que el Departamento del Tesoro de sancionara cualquier entidad involucrada en el sector del oro nicaragüense con vínculos financieros a los Estados Unidos, pero esto tampoco se ha aplicado, según el informe. 

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“Numerosas empresas mineras que están en el ámbito de las sanciones continúan a operar impunemente y adquirir nuevas concesiones mineras auríferas en medio de un aumento en la violencia contra las comunidades indígenas”, agregan. 

El costo de la expansión de la industria aurífera lo pagan las comunidades indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Estas comunidades se enfrentan a la violencia incesante y la colonización de sus tierras. 

SEÑALAN A EMPRESAS CANDIDATAS A SANCIONES 

“No se han hecho cumplir las sanciones impuestas por el gobierno de Biden”, insiste el instituto integrado por un grupo de expertos.

A pesar de ser una “candidata clara para la aplicación de estas sanciones”, Calibre Mining Corp. –el beneficiario principal de la fiebre del oro de Nicaragua– no ha sufrido repercusiones de parte de Estados Unidos, destaca el informe. 

Desde las sanciones impuestas por Estados Unidos en junio de 2022, Calibre Mining ha expandido sus concesiones mineras, que actualmente abarcan el nueve por ciento de la superficie terrestre del país. 

Este informe también identifica otras empresas transnacionales que controlan inmensas concesiones mineras en Nicaragua. Estas empresas incluyen la canadiense Mako Mining Corp., la china Zhong Fu Development, la colombiana Grupo Mineros y las británicas Condor Gold y Royal Road Minerals. Los financieros principales de estas empresas extranjeras incluyen las empresas de inversión estadounidenses BlackRock Inc., Van Eck Associates Corp. e Invesco Ltd., y las empresas mineras canadienses B2GoldCorp y Agnico Eagle Mines Ltd. 

LA DICTADURA “SE SALE CON LA SUYA” 

El gobierno de Biden habla mucho de usar las sanciones selectivas para pedir cuentas a los violadores de los derechos humanos, “pero el Departamento del Tesoro deja que los peores se salgan con la suya”, dice Josh Mayer, investigador del Oakland Institute y coautor del informe.  

“La aplicación de las sanciones tiene que ir más allá de las entidades nicaragüenses para tener alguna oportunidad de poner fin a la colonización violenta de los territorios indígenas y afrodescendientes”, continuó Mayer. 

“Por la falta de aplicación de estas sanciones, el gobierno de Biden efectivamente está sosteniendo a las empresas mineras estadounidenses e internacionales con inversores estadounidenses que sacan provecho del sector del oro nicaragüense”, explica.   

Según el informe, descuidar pedir cuentas a estos intereses financieros no solo permite que escale la violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino también “es otra prueba de la falta de credibilidad del compromiso del presidente Biden para defender los derechos humanos”.