El Ministerio del Interior se toma propiedad confiscada a las Hermanas Pobres de Jesucristo en León

El Ministerio del Interior se adueñó de una propiedad confiscada en la ciudad de León a la Fraternidad Pobres de Jesucristo, cuyas misioneras fueron expulsadas de Nicaragua en julio del 2023. En el inmueble ahora funcionan las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, que es parte de las dependencias de la institución estatal. 

Según la denuncia pública de la investigadora Martha Molina, tras ser declarado de utilidad pública, el local permanecía bajo custodia policial. Ahora en el portal se puede leer el rótulo institucional.

“Dictadura sandinista confisca propiedad de las hermanas Pobres de Jesucristo que en julio de 2023 fueron expulsadas por la dictadura sandinista. En el interior permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado”, denunció la investigadora y abogada Martha Patricia Molina en su red social X (antes Twitter).

En ese local funcionaba el convento donde las religiosas prestaban servicios de asistencia social a los pobladores del departamento de León. 

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Las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo fueron expulsadas del país luego de que el régimen de Daniel Ortega les negara la renovación de su residencia en Nicaragua, lo que las forzó a trasladarse a El Salvador donde continúan su misión.  

“Ni siquiera cambiaron el color de las paredes ni los muebles que utilizaban las monjitas. El Ministerio del Interior criminal haciendo de las suyas”, criticó Molina.

PROPIEDAD FUE DONADA A RELIGIOSAS POR UNA BENEFACTORA

La investigadora asegura que una benefactora había donado la propiedad a las misioneras para que realizarán su labor de asistencia social.

“Me informan que hay planes de próximas confiscaciones de edificios religiosos”, advirtió Molina.

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En la última actualización de la investigación "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?", Molina documentó la expulsión de al menos 76 religiosas y 6 religiosos.

“Las expulsiones han sido injustificadas, todas fueron arbitrarias y las autoridades en ningún momento informaron a los religiosos/as los motivos de la cancelación o revocación de la permanencia legal en el país”, indica el documento que recoge datos hasta agosto de 2023 . 

En el mismo informe, la investigadora reporta que unos 13 edificios privados que pertenecían a la Iglesia Católica fueron confiscados por el régimen y, en su mayoría, convertidos en instituciones públicas.

Citó como ejemplo el edificio de la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que fue convertido en una universidad sandinista llamada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. 

“En ocasiones los religiosos tuvieron tiempo para retirar las pertenencias sagradas y artículos personales de los edificios. La mayoría de esas propiedades se encontraban bajo la figura jurídica de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) religiosas”, agrega la investigación.