Las personas LGBTI siguen sufriendo agresiones en Nicaragua y la justicia mira para otro lado

Ser una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual o queer sigue siendo altamente riesgoso en Nicaragua, donde continúan las agresiones a las personas LGBTIQ+, mientras la respuesta de la justicia “sigue siendo deficiente o inexistente” en la mayoría de los casos.  

Según el informe anual 2023 del Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGTBIQ+ en Nicaragua, se registraron al menos 42 denuncias de agresiones en todo el país. Los datos son un subregistro, ya que muchas víctimas no se atreven a denunciar por el cierre total del espacio cívico y la inacción de las autoridades. 

Los hechos más graves documentados son el asesinato de dos mujeres trans y un joven homosexual, asesinado por su padre en Carazo.  

Pero también hay graves casos de violencia física, verbal y psicológica; violencia sexual, laboral, política e institucional; así como actos de discriminación, acoso y robos. 

Hay casos de mujeres lesbianas que han sido agredidas y perseguidas por tomarse de la mano. Ocurrió en Ocotal. Una pareja de lesbianas sufrió una agresión a manos de desconocidos que las interceptaron y las amenazaron de muerte porque iban tomadas de la mano.  

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“En un momento nos gritaron que corriéramos y comenzamos a correr, ahí me di cuenta que a mi novia y a mí nos iban siguiendo nos tiraron bolsas de agua sucia, se acercaron a querer pegarme ahí comencé a sentir un profundo miedo. Mi cuerpo estaba bloqueado”, relató una de las víctimas.  

La pareja interpuso la denuncia en la Policía, pero los oficiales de turno les solicitaron pruebas que evidentemente no tenían. 

“Rechazamos categóricamente este ataque de odio que nos pudo haber costado la vida solo por ir de la mano. Esto nos demuestra lo mucho que falta para erradicar la discriminación en Nicaragua”, dicen. 

LOS CRÍMENES DE ODIO  

Juana Mena Hernández, mujer trans, falleció el 7 de marzo del 2023 tras ser golpeada brutalmente por su pareja Sidar Murillo, de 34 años. 

El segundo delito de odio registrado fue el de un adolescente de 16 años asesinado por su padre en la comunidad de El Aguacate, Jinotepe, Carazo. La víctima intentó salvar a su madre de la brutal agresión de Juan Ramón García Martínez, siendo atacado con un arma blanca que le provocó heridas de gravedad.  

Algunos vecinos señalaron que el agresor rechazaba abiertamente a su hijo por tener “otras preferencias sexuales” y que lo había amenazado en reiteradas ocasiones. 

El tercer delito de odio documentado fue el de “La Mendoza”, mujer trans de 36 años, cuyo nombre impuesto es Ariel José Mendoza Espinoza, fue asesinada el 7 de abril, ocho días después de ser reportada como desaparecida. Era habitante del barrio Villa Canadá, en el Distrito VI y se ganaba la vida vendiendo dulces en el mercado Mayoreo, Managua.  

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El dictamen preliminar señala que su cuerpo fue encontrado en un predio baldío, con signos de violencia y “semi quemada”. Según las investigaciones de la policía, fue presuntamente estrangulada. 

LA DEFIENCIENTE RESPUESTA INSTITUCIONAL  

A partir de los casos documentados por el Observatorio, “la respuesta de la justicia sigue siendo deficiente o inexistente en la mayoría de los casos”, insisten desde el programa feminista La Corriente.  

Ocho mujeres trans víctimas de agresiones, incluso de manadas de hombres, interpusieron denuncias. En la mayoría de los casos la Policía no ha dado respuesta alguna y los perpetradores están impunes.  

Hubo otro caso que se denunció, pero fue desestimado. Otro caso no se investigó porque el agresor era del partido de gobierno; en otro caso se firmó una fianza entre la víctima y el agresor, pero sin seguimiento; en otro caso se mandó a la víctima a Medicina Legal para valoración como paso previo para formalizar la denuncia. 

El padre que asesinó a su hijo homosexual está detenido, pero se desconoce si existe sentencia firme. 

Otras cinco mujeres trans no denunciaron porque consideran que la Policía Orteguista muestra poco interés cuando ellas llegan a interponer denuncias y son revictimizadas. 

“Las múltiples situaciones de violencia y discriminación documentadas evidencian no solo las marcas de la discriminación en la sociedad nicaragüense, sino la ausencia de leyes y mecanismos que aseguren a los cuerpos disidentes el acceso a la justicia”, destaca el observatorio. 

Según el informe, el peso de una cultura conservadora, discriminatoria y profundamente machista está en la base de la violencia que sufren las mujeres y cuerpos disidentes.  

“Las instituciones públicas también forman parte de ese entramado cultural opresivo, castigador y violento que, actuando al margen de los marcos nacionales e internacionales de derechos humanos, los coloca no solo como cómplices, sino como perpetradores de la violencia”, concluyen.