“La policía se dedica a levantar los cadáveres de mujeres asesinadas”, denuncian feministas de Nicaragua

El nivel de desprotección de las mujeres frente a la violencia machista toca fondo en Nicaragua. El propio Estado se ha encargado de minar las redes que hasta 2018 habían tejido las organizaciones feministas para luchar contra un mal que está enraizado en la sociedad y que en 2023 cobró la vida de más de 73mujeres, 52 dentro del territorio.

Son muertes no reconocidas por las autoridades. Es un acto deliberado, denuncian las organizaciones feministas. Denuncian que los esfuerzos del régimen están orientados a invisibilizar la realidad y no ha cumplir con la máxima de un Estado que es prevenir, proteger y defender los derechos de las mujeres.

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Y como parte de esto, decenas de organizaciones feministas han sido ilegalizada. Ese cierre, denuncia la Articulación Feminista de Nicaragua ha tenido un claro objetivo: “Silenciar a las víctimas, ocultar la gravedad del problema y liberar a las instituciones, como la policía, de la responsabilidad de investigar”.

La Articulación Feminista de Nicaragua ha traído el tema a la palestra citando reflexiones de la socióloga feminista María Teresa Blandón sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres frente a las violencias.

La especialista cuestionó el desmantelamiento de las redes de mujeres que tanto trabajo costó a las organizaciones civiles y denunció la forma en que las mismas estructuras de gobierno que en su momento fueron diseñadas para brindar protección integral a las mujeres han quedado reducidas a una fachada, pues carecen de la capacidad para cumplir con sus obligaciones.

EL RÉGIMEN QUIERE SILENCIAR A LAS VÍCTIMAS

“El cierre de las organizaciones feministas ha tenido como objetivo silenciar a las víctimas, ocultar la gravedad del problema y liberar a las instituciones, como la Policía, de la responsabilidad de investigar”, denunció Blandón.

La acceso a la justicia es parte de una larga lista de deudas de Estado con las mujeres. Eso se ve reflejado en una alta tasa de impunidad y en el empeño de las autoridades por ocultar la realidad, al no reconocer los crímenes machistas y tipificarlos bajo otras figuras delictivas.

Según la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en 2023 al menos 19 de los 52 femicidios que se han registrado dentro del país han quedado impunes, lo que representa un 36% de los casos.

“La policía ahora se a dedicado a la tarea de levantar cádaveres de mujeres asesinadas y en el mejor de los casos busca al femicida y lo apresa. No hay una labor de prevención, protección y reparación para las víctimas”, sostuvo la defensora citada por la Articulación.

Como ejemplo, Blandón mencionó la falta de una estrategia de Estado para contrarrestar violencias como el acoso callejero y digital, el abuso sexual, la explotación sexual y la trata de personas. “Son violencias para la que no existe una estrategia que permite enfrentarlas”, criticó.

La experta lamentó que se condene a las mujeres “por el peso de la cultura machista, la falta de voluntad del Estado y la falta de un consenso social en contra de la violencia machista”.