La ONU pide enjuiciar a Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

El dictador Daniel Ortega, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios del Estado deberían ser investigados judicialmente como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU en un nuevo informe presentado este jueves en Ginebra, Suiza, tras concluir el segundo año de investigación. 

“El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos  funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por  su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en  el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe responder  por su posible responsabilidad estatal”, indica el Grupo.

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En esta segunda parte de la investigación, el informe abarca las violaciones de derechos humanos cometidos desde marzo de 2023.

“El Grupo  tiene motivos razonables para creer que, durante el período que abarca el informe, se han  perpetrado en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento y deportación”, afirman. 

Esos crímenes, explican, se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a opositores reales o supuestos, aplicada intencionalmente desde los más altos niveles del Gobierno, “lo que constituye prima facie el crimen de lesa humanidad  de persecución por motivos políticos”.

LOS RESPONSABLES DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El Grupo ha documentado un nuevo conjunto de actos ilegales llevados a cabo  sistemáticamente contra opositores reales o percibidos, dirigidos a garantizar, mediante la violación de multitud de derechos humanos, la eliminación de cualquier amenaza que estas  personas pudieran suponer para el régimen de Ortega y  Murillo. 

Por primera vez, el Grupo de Expertos de la ONU identifica la estructura de mando de la represión y depura las responsabilidades penales individuales. 

En ese sentido, además de Ortega y Murillo, como máximos responsables de los crímenes contenidos en el informe (solo durante 2023) se identifica al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; ala fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Judicial, Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas.

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También hay responsabilidad del Estado e instituciones como el Consejo Nacional de Universidades, al mando de Ramona Rodríguez, aunque a ella no se le identifica directamente. 

Anteriormente, el Grupo de Expertos de la ONU había concluido que, desde abril de  2018, diversos agentes estatales y no estatales, siguiendo órdenes de Ortega y Murillo, perpetraron graves violaciones y abusos de los derechos humanos contra parte  de la población nicaragüense en razón de su identidad política. Se determinó que estas violaciones y abusos eran compatibles, prima facie, con los elementos que constituyen la  prohibición internacional y la definición de crímenes de lesa humanidad del derecho penal  internacional.

Desde la presentación de su primer informe, el Grupo ha constatado en la
perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país, con una centralización total de los poderes del Estado en manos de Ortega y Murillo, en particular en lo que se refiere al poder judicial. "Esto se ha traducido en una total impunidad, que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio nicaragüense", destacan.

El Grupo concluye que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha
deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años -y recursos- para establecer una situación regida por el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.