Opositores piden al Parlamento de Costa Rica abogar por la no extradición de Reinaldo Picado

La Unidad de Exiliados Nicaragüense (UEN) solicitó a la Asamblea Nacional de Costa Rica que abogue por la no extradición del nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, de 51 años, a quien reconocen como un perseguido político del régimen de  Daniel Ortega.

La petición la hicieron este miércoles 13 de marzo a través de una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional de Costa Rica, Rodrigo Arias Sánchez, en la que consideran como “injusto” que las autoridades del vecino país den crédito a los argumentos de la “partidarizada, fanatizada y sancionada” Policía de Nicaragua.

Reinaldo Picado Miranda se encuentra detenido en Costa Rica desde octubre del 2022, después de que la Policía Orteguista lo circulara como sospechoso de la muerte a tiros de dos personas durante un asalto a los trabajadores de una empresa exportadora caco que trasladaban aproximadamente medio millones de córdobas.

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El caso ocurrió el 1de octubre del 2022, en la comunidad Buena Vista del municipio de El Castillo, Río San Juan, una de las víctimas mortales fue la oficial Marisol Díaz Salinas, de 20 años, quien había sido asignada para escoltar el traslado del dinero. La otra víctima fue un trabajador de la empresa.

Por este mismo hecho las autoridades costarricenses extraditaron el pasado 16 de febrero al opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno.

NO EXTRADICIÓN

En la carta firmada por Yafer Bravo Mejía, coordinador de la Comisión de Relaciones  Exteriores de UEN, sostiene que las acusaciones carecen de credibilidad. Además, reclama que a Picado Miranda le negaron en tres ocasiones la solicitud de refugio pese a tener pruebas que demuestran que es perseguido político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un intento por evitar la extradición, los opositores piden a Arias Sánchez que atienda a una comisión de UEN para que expongan al plenario la grave situación que atraviesan los perseguidos políticos en el vecino país.

Asimismo, advierten que la vida, libertad y seguridad de Miranda Picado está en riesgo y que negarle "el derecho de refugio lo deja en una situación indefensa ante el régimen represivo y totalitario de Daniel Ortega".

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En la carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa explicaron que Miranda Picado, además de ser ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, también fue concejal de la alcaldía Kukra Hill, por el Partido Liberal Constitucionalistas en el 2017, y que en el 2018 se involucró en las protestas cívica en el sector de presilla del municipio de Muelle de los Bueyes de la Costa Caribe Sur.

En la violenta represión, Miranda Picado resultó con una herida en el brazo derecho, y que se vio obligado a irse a Costa Rica, donde recibió atención médica y fundó la Resistencia Campesina Azul y Blanco.

Como alternativa a la extradición, proponen que sea juzgado por los tribunales costarricenses o trasladado a otra nación donde le puedan brindar acogida.